La Fiscalía apoya la demanda de Apra Leven contra la Junta

SEVILLA- El Ministerio Fiscal está a favor de que el juez de Primera Instancia de Sevilla, admita la demanda presentada por la aseguradora belga Apra Leven –una de las compañías con la que se pagaron varios de los ERE investigados por la juez Mercedes Alaya– contra la Junta, a la que reclama el pago de 36 millones de euros. Fuentes judiciales indicaron a Europa Press que la Fiscalía ha informado favorablemente para que asuma la competencia del caso, admita la demanda y dé curso al procedimiento. La aseguradora presentó una demanda judicial contra el Gobierno andaluz ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla, donde le reclama el pago de 36 millones de euros, toda vez que sostiene que el Ejecutivo que preside Griñán «no le ha pagado los importes correspondientes a las primas de los seguros de rentas vitalicias».

Apra Leven aseguró cuando presentó su demanda que la Junta «nunca negó que deba esos 36 millones» y apuntó que «ha reconocido la existencia de esta deuda en multitud de cartas remitidas por la Consejería de Empleo a los administradores de la aseguradora belga».

Apra Leven aseguraba entonces que «la causa principal» que provocó su intervención, en marzo de este año, por parte de la autoridad de seguros belga «fue, precisamente, el incumplimiento por parte de la Junta del último calendario de pagos pactado, en diciembre de 2010, con los administradores independientes la sociedad».

La empresa explicaba además que la contratación de los seguros de rentas vitalicias «fue impulsada y promovida por la Junta, como alternativa para solventar la difícil situación en la que se encontraron centenares de trabajadores andaluces, a raíz de la aprobación de numerosos ERE, instados por determinadas empresas radicadas en Andalucía que se vieron afectadas por la crisis económica».
Aseguraba también que el Gobierno andaluz se comprometió frente a Apra Leven a «atender el pago de las primas de estos seguros, en el marco de las ayudas públicas de carácter social que la Junta decidió impulsar y ejecutar para contribuir a solucionar la precaria situación en la que se iban a encontrar los trabajadores afectados por esos ERE».