Fiscal pide entre 7 y 10 años para 11 acusados de pertenecer o colaborar ETA

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Carlos Bautista acusa a Maider Viso; Rubén Nieto; Igor Astibia; Ibon Urrestarazu y Alaitz Iturrioz de un delito de integración, por el que pide diez años de prisión para cada uno, y solicita ocho años para Francisco Agustín Cabo; Iván Medina; Koldo Lekuona; Gustavo Fernández Villate; Jon Duque y María Margarita Eizagirre por el de colaboración.

Según el representante del Ministerio Público, los documentos intervenidos a los dirigentes de ETA Ibon Fernández Iradi "Susper"y Lorena Somoza, detenidos en Francia en diciembre de 2002, "revelaron las estructuras y componentes del denominado subaparato de captación o "Arrantzale"dentro del aparato militar"de ETA.

De ahí se constató "un variado sistema de comunicación y de citas orgánicas"en diversas ciudades francesas a las que acudían "enlaces"que recibían instrucciones y facilitaban datos de posibles objetivos de la banda, además de prestar infraestructura y apoyo a miembros activos de la organización terrorista.

Así, los papeles sitúan a Viso, "Alaitz", en la estructura de captación en Vizcaya hasta finales de 2002 y que habría mantenido unas siete citas entre el 22 de mayo y el 30 de diciembre con Somoza Chamizo, a la que facilitó nombres y datos de personas a captar.

También asumió las tareas de "banatzaile"y "proposatzaile", consistentes en el reparto y distribución de cartas remitidas por ETA para la captación de nuevos militantes.

En la misma estructura coloca a Nieto, alias "Txingurri", de quien asegura que mantuvo citas con responsables de ETA los días 23 de cada mes en un lugar codificado como "S Benito, apel", facilitó a la organización listados de detenidos por violencia callejera y "cantadas".

Por encargo de Lorena Somoza, entregó como "benatzaile"(distribuidor) correspondencia de la organización terrorista en las herriko tabernas, así como cartas dirigidas a Kemen Uranga y Alexander Akarregi.

Igor Astibia integró, según el fiscal, el subaparato de captaciones de ETA en Navarra hasta diciembre de 2002 y mantuvo varias citas con "Susper", una de las cuales estaba marcada para el 24 de enero de 2003, aunque dado que el dirigente etarra había sido detenido un mes antes esta no se pudo celebrar.

De Urrestarazu e Iturrioz afirma que mantuvieron diversos encuentros con Fernández Iradi, que les proponía colaborar nuevamente con ETA y a quien prestaron la casa para ocultarse y confeccionar explosivos, además de facilitarle datos sobre los concejales socialistas Iñaki Doubriel y José Antonio Dopazo y el popular Julio Herreros.

Por otra parte, el fiscal acusa a Cabo de haber prestado su domicilio de Antzuola para que fuera utilizado por integrantes de la banda, mientras que de Medina señala que, tras ser captado por Mikel Uzkundun, habría facilitado información sobre traficantes de drogas y bares del casco viejo de Pamplona a Garikoitz Mendioroz, para que éste la pasara a su vez a ETA.

Respecto a Lekuona, indica que en los documentos incautados se le presenta como poseedor de "información de 'txakurras' (policías)"y "dispuesto a 'dar caña'"y, sobre Gustavo Fernández Villate, apunta que su nombre aparece codificado en un folio encabezado con la expresión "Baraka Herg".

Mientras, a Duque le acusa de prestar su vehículo para que fuera utilizado por la organización y recuerda que en el registro practicado en su domicilio se encontró un censo electoral de Portugalete (Vizcaya) de fecha 1 de febrero de 2001, que habría llegado a su poder en 2003.

En el mismo se hallaron marcadas con una cruz varias personas como la concejala del PSOE en dicha localidad Esther Cabezudo, el exsecretario general de UGT Nicolás Redondo, miembros del PSOE y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Portugalete Juan Carlos Castaño Moreno.

Por último, en cuanto a Eizaguirre, el fiscal precisa que mantuvo relación de amistad con "Susper", quien le pidió en febrero de 2001 que le dejara pasar un corto espacio de tiempo en su casa.