«Es gravísimo que la Junta amnistíe a delincuentes para lograr rédito electoral»

Sevilla- El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto que regularizará la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, que el propio Ejecutivo estima en 250.000 y los cálculos de Ecologistas en Acción elevan a más de 300.000.
La nueva norma establece vías para la legalización o el reconocimiento de esas construcciones, diseminadas por toda la geografía regional, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) «y en función de sus circunstancias particulares», según explicó la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz.
El decreto permitirá que de cada diez viviendas ubicadas en suelos no urbanizables, una se regule, ocho sean reconocidas y otra se demuela. Corriendo siempre con los gastos los propietarios de los inmuebles.
Cruz justificó esta medida en el hecho de que, «en muchos casos», el delito urbanístico «ya ha prescrito». En «un ejercicio de realismo», según la consejera, se pondrá coto a lo que denominó «un fenómeno del pasado» y se adaptará la realidad física a la jurídica. Puso el acento en el hecho de que no se trata de «una ley de punto final» y explicó que en el caso de las viviendas aisladas –el decreto distingue entre éstas, asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, ligados a actividades agrícolas–, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. Dentro del último bloque, la norma distingue entre aquéllas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y los casos en los que dicha prescripción no puede darse por estar ubicadas en suelos protegidos, inundables, o por no haber transcurrido el plazo de cuatro años exigidos para que la Administración pueda «hacer algo».
A juicio del responsable de Urbanismo de Ecologistas en Acción en Andalucía, Juan Clavero, es «gravísimo» que «un Consejo de Gobierno en plena campaña electoral amnistíe a miles de decenas de infractores urbanísticos y, en muchos casos, a delincuentes para conseguir rédito electoral».
Lamenta que la iniciativa de la Junta «vaya a crear un precedente demoledor» ya que se transmitirá a la ciudadanía el mensaje de que «quien construye de forma ilegal tiene premio ya que no pagará la licencia de obras ni el visado del proyecto...». A su juicio, se trata de una norma contraria «a la legalidad vigente» que puede provocar «un efecto llamada», además de «dejar en aguas de borraja el cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé la ejecución de ‘derribos exprés' por parte de los ayuntamientos». «Han machacado la LOUA, que prohíbe edificar en suelos no urbanizables segundas residencias como las de la Axarquía malagueña, el Cabo de Gata o Cádiz», critica, para recordar a la Junta que «la infracción urbanística no prescribe nunca». «Construir ilegalmente en Andalucía es un chollo», remata.