El PP-A pide a la Junta que no dilate la investigación

Cree que «obstruye» la labor de la juez y reclama que el Ejecutivo se replantee su personación en la causa

La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, ayer, en la sede de su partido
La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, ayer, en la sede de su partido

SEVILLA- La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, pidió ayer al Gobierno andaluz que se replantee su personación en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo ante su actitud de «obstaculización» de la Justicia, en referencia a la negativa a que la juez Mercedes Alaya, encargada del caso, pueda tener acceso a las actas de los Consejos de Gobiernos desde 2001 hasta la actualidad, pese a que la Audiencia Provincial de Sevilla ha considerado que estos documentos no tienen el carácter de secreto, como sí argumentaba la Junta.
Soto indicó que cada día que pasa es «más evidente» que el Gobierno andaluz no tiene intención de aclarar las irregularidades detectadas, sino de «dilatar en el tiempo una resolución judicial». «Por más que intente demorar este asunto, tarde o temprano, se conocerá hasta la última coma» y pronosticó que la resolución en relación a las actas será «incómoda» y le quitará la razón a la Junta.
La portavoz regional del PP-A señaló que el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán también está «obstaculizando» la labor del Parlamento andaluz, al impedir la celebración de una comisión de investigación. «Parece que la Junta actúa en contra del interés general y a favor del interés del PSOE», apostilló
Igualmente manifestó que a su formación le preocupa «profundamente» la actitud del presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, por el «temor» que tiene a que se conozca el contenido de las actas de los Consejos de Gobierno.
Por su parte, el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, repitió la tesis oficial de la Junta que prestado su colaboración «desde el primer momento» en todo lo relacionado con la investigación.
Según el consejero que sustituyó a Luis Pizarro, ante algunos desaprensivos que se han aprovechado «tenemos que resaltar el valor y la importancia, desde el punto de vista social, que han tenido y que siguen teniendo los expedientes de regulación de empleo para miles y miles de trabajadores».
«Por lo tanto, nuestra colaboración con la Justicia es total, hasta tal punto que las actas de los Consejos de Gobierno están todas archivadas en los juzgados de Sevilla, pendientes de un recurso de jurisdicción», indicó.


«El Consejo de Gobierno más cutre de España»
Soto también se refirió a la forma en la que la Junta de Andalucía ha enviado las actas al juzgado para su custodia. «Nos encontramos ante el Consejo de Gobierno más cutre de toda España», dijo. Para la portavoz del PP-A, las actas «no han sido enviadas con la formalidad oportuna, dado que los sobres no están lacrados, ni tienen un registro con el contenido de los sobres ni un etiquetado formal».
En su opinión, esta forma de enviar la documentación es una evidencia de que el propio Gobierno andaluz sabe que el confidencial» y por eso no han puesto las medidas formales «de una información que hay que enviar debidamente lacrada». «¿Qué podemos esperar de un gobierno que tiene esta forma de actuar?», se preguntó.