Desarreglo de la deuda

Ha pasado inadvertido. El revuelo lógico por el comunicado de ETA no nos ha permitido darnos cuenta de que han vuelto los tiempos del «concejo de la mesta». Así es como le llamaban sus contemporáneos al gobierno de Bravo Murillo, el hombre que se ocupó, durante el reinado de Isabel II, del «arreglo de la deuda». Lo que hemos visto estos días no se conocía desde 1851.

El martes, la agencia Moody's se une a Standard & Poor's y a Fitch. Rebajaba la calificación con motivos que son ya casi una frase hecha: la previsión del déficit no se va a cumplir, el crecimiento va a ser muy débil, y un largo etcétera doloroso.

El viernes es un día intenso. El Gobierno hace saber que en el Ecofin y en la decisiva cumbre del fin semana se va a imponer una minusvaloración de la deuda española, en manos de los bancos, del 5 por ciento. El porcentaje es más alto del que se está negociando con Europa. Se está terminando de cocinar la operación de recapitalización que se va a exigir a las entidades financieras. La fórmula implica que el valor de los títulos públicos en libros se parezca a la realidad. Esa misma noche al llegar a Bruselas, la ministra Salgado negará que se esté planteando quita alguna. Se ampara en una interpretación rigurosa del término. Días antes, uno de los hombres de más confianza de Rajoy en temas económicos le hace llegar un papel que le advierte del desastre que supone la medida. Y el líder del PP, en El Vendrell, en un almuerzo con empresarios catalanes, asegura que la fórmula es inaceptable.
 
El sábado por la mañana, el líder de los populares recibe un nuevo informe. Por la noche, Salgado insiste en que no se trata de una quita, pero anuncia que se ha cerrado una reducción del valor de la deuda algo inferior al 2 por ciento. Parece una victoria. Pero en este caso no se trata del huevo sino del fuero. Lo importante no es la cantidad. Buena parte de la historia española del XVII, del XVIII y de la primera mitad del XIX está trufada de incumplimientos con los acreedores de la Hacienda Pública. Y algunos consideran a Bravo Murillo como el salvador de la patria porque su solución sirvió para que nos olvidáramos del problema. El arreglo incluía la reducción de un 2 por ciento del valor nominal para los tenedores extranjeros. Otros, mucho más críticos con su gestión, señalan que ese porcentaje supuso un desprestigio descomunal para nuestro país. Ahora también es un 2 por ciento. Pero en este caso es difícil encontrar el lado bueno. Esa cifra es el síntoma de tres cosas. De nuestra pérdida de peso en Europa. De los temores que tienen en Bruselas a que haya déficit y deuda oculta. Y de que no se creen las previsiones de crecimiento. Aquí sólo hay desarreglo.