La Junta usó Invercaria como los ERE para apagar conflictos laborales

SEVILLA - La Junta de Andalucía desvincula la «trama de los ERE» con el nuevo escándalo surgido en la empresa pública de capital riesgo Invercaria. La grabación de una conversación entre un empleado y la entonces directora –ayer trascendió que ha dimitido de su cargo, pero que sigue trabajando en la sociedad pública– desvela que Invercaria ha concedido préstamos a empresas sin planes de viabilidad, prescindiendo de cualquier procedimiento. Esta ausencia de trámites administrativos relacionan ambas formas de actuar, pero no es el único punto en común de dos asuntos formalmente diferentes pero que sí guardan cierto paralelismo.
El dinero de la partida para ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas tenía un fin político, según admitió el viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Agustín Barberá –imputado por la juez Alaya–, ante los reparos de la Intervención General: había que mantener la «paz social». Los préstamos concedidos por Invercaria también han servido para el mismo objetivo.
El 18 de julio de 2008 se creó en Málaga la sociedad Servitation. La empresa estaba participada por otras cuatro: Novasoft, AT4 Wireless, Isofotón y Sadiel. El capital suscrito fue de 600.000 euros. El fondo de capital riesgo del que han trascendido ahora las supuestas irregularidades aportó 1,2 millones. Lo hizo con un compromiso: que Servitation sirviera para recolocar a los trabajadores de Vitelcom, una empresa de fabricación de teléfonos móviles que dejó a 172 empleados en la calle.
Como en el caso de los ERE, el acuerdo llegó precedido de numerosos actos de protesta por parte de los trabajadores, encierros y boicoteo de actos oficiales. Para garantizar la «paz social» se recurrió a Invercaria. Muchos se recolocaron en la nueva empresa; otros denunciaron que después de varios cursos de formación quedaron en el olvido. En cualquier caso, el objetivo ya estaba cumplido.
Hay otro punto en común. Tanto para los pagos de los ERE como para los de Invercaria, se ha utilizado a la Agencia IDEA, un ente instrumental adscrito a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. De hecho, la grabación en el que la ex directora insta al ex responsable de Promoción a falsear informes y reconstruir expedientes para prepararse ante la inspección de la Cámara de Cuentas ya está en manos de la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya. El propio trabajador se la hizo llegar después de presentarla en el juzgado de lo social en el que se dirime la improcedencia de su despido.
Por su parte, el PP andaluz apunta directamente al Consejo de Gobierno de la Junta. En la grabación, la ex directora Laura Gómiz, entre otras cosas, señala que «todos los que hay por encima mío saben qué es lo que hay en Invercaria». Por ese motivo, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, reclamó «responsabilidades políticas» y explicaciones «inmediatas» al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. También se las solicitó a la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, que sólo unas semanas antes había alabado la gestión «ejemplar» de esta sociedad de capital riesgo.
«Falsear expedientes demuestra que estamos ante un fraude generalizado en la Junta en relación con el otorgamiento de subvenciones para la creación de empleo o a empresas», apuntó el número dos del PP-A.
De nuevo, se produce aquí, aparentemente, otra relación con el caso de los ERE. La instructora del caso ya apuntó en un auto que se investigue si la Junta había «reconstruido» expedientes, labor que realiza la Guardia Civil.
El PP, que está personado como acusación en el caso de los ERE, estudia ahora las distintas variables jurídicas para denunciar ante los tribunales lo que ellos denominan un «segundo fondo de reptiles».