Hacia un Estado razonable

El Gobierno es consciente de la trascendencia que la reforma general de las administraciones tiene para lograr el objetivo de la estabilidad fiscal y, sobre todo, para expandir fuera de nuestras fronteras el mensaje de que España está decidida a poner coto al desorden territorial. Mariano Rajoy habló ayer con sentido común de que el Estado autonómico debe ser repensado para evitar duplicidades y garantizar que cada competencia sea atribuida a una administración. El objetivo de racionalizar la administración se debe traducir en ahorro, eficiencia y eficacia en la gestión de lo público y en la prestación de servicios. Se trata de que el Ejecutivo aproveche la aplicación del principio de «una administración, una competencia», para controlar directamente la financiación de tal modo que disponga de un conocimiento detallado de las partidas destinadas a cada prestación. Control e información en lugar del descontrol conocido hasta hoy.

Que el campo de actuación y las posibilidades son amplios da idea de que el Gobierno cuantifica en miles de millones la racionalización territorial del país. Algunos cálculos del propio Ejecutivo elevan hasta 12.000 millones el ahorro mediante reordenación de competencias, agrupación de ayuntamientos, eliminación de organismos y oficinas, entre otras medidas. En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado al Gobierno sus propuestas sobre cómo ordenar las prestaciones locales. Entre sus planteamientos figura que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias a diputaciones, cabildos o consejos insulares o la gestión conjunta de servicios para salvar insuficiencias, así como reclamar «un pacto político» que comprometa al Estado y a las comunidades con la autonomía local, la descentralización y la suficiencia financiera. Son aportaciones interesantes que deben ser analizadas y tomadas en consideración por el Gobierno desde el compromiso con el principio de que la situación presente es un serio problema que hay que enfrentar con urgencia.

El Ejecutivo tiene ante sí un desafío ingente que los socialistas ni quisieron ni pudieron ni se atrevieron a acometer mientras asistían con entusiasmo y entrega financieros a la alocada carrera de un Estado imposible e inviable. La ordenación territorial es un asunto de Estado y la oposición debería actuar con la seriedad precisa. Poner palos demagógicos en las ruedas de este proyecto sería actuar contra el interés general. Es tiempo de aportaciones y altura de miras y no de obstruccionismos ventajistas ni de instrumentalizaciones cicateras. La racionalización del Estado es un proyecto que no puede cerrarse en falso. Lo contrario nos abocaría a un fallo sistémico. Y todos deben tenerlo claro y actuar en consecuencia.