Los «intrusos» del ERE se disparan: 70 y aún quedan 4527 pólizas por analizar

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2001 y abril de 2008, no fue el único que autorizó la inclusión de falsos prejubilados en ERE financiados por la Junta de Andalucía. El consejero de Empleo, Manuel Recio, confirmó ayer que la investigación de su departamento ha detectado nuevas irregularidades a partir de 2008. «¿Cuando él ya no estaba en el cargo? No le puedo precisar –comenzó diciendo–, pero sí, hay alguna», concluyó.

En una tensa e improvisada rueda de prensa –estaba anunciado que sería hoy cuando se informara sobre las conclusiones de la investigación–, Recio confirmó que se han detectado 33 nuevos intrusos que, sumado a los 37 anteriores reconocidos por el Gobierno andaluz, elevan la cifra a 70. Se trata de personas incluidas de manera fraudulenta en ERE y que están cobrando mensualmente una póliza con cargo al Presupuesto andaluz. Esta información será remitida en los próximos días al Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

Todos seguirán cobrando –incluidos los que no deberían hacerlo– «hasta que no se demuestre la culpabilidad». Esta cantidad aumentará, ya que sólo se ha revisado la situación de 1.569 trabajadores de los 6.096 a los que la Consejería de Empleo les abona una póliza de rentas hasta su edad de jubilación tras acogerse a un expediente de regulación de empleo.

Quedan 4.527 por analizar.
El cese de Guerrero se produjo el 29 de abril de 2008 y su sustituto, Juan Márquez Contreras –delegado provincial de Empleo en Huelva–, fue nombrado en el BOJA ese mismo día. Se mantuvo en el cargo hasta abril de 2010, momento en el que llegó Daniel Alberto Rivera Gómez que, entre otras actuaciones, paralizó el ERE de 2007 de Mercasevilla. Fuentes del PSOE consultadas por este periódico aseguraron que la directriz es clara: si hay implicación de Márquez, será apartado del partido.

Pese a los intentos de la Junta y el PSOE por señalar únicamente a Guerrero, los hechos demuestran que las presuntas irregularidades en la Consejería no eran achacables únicamente a él.

Pero el escándalo de las ayudas a los falsos prejubilados tiene otra rama que también investiga la Justicia. Con cargo al fondo de ayudas socioeconómicas para empresas en crisis se repartieron entre 2001 y 2009, 130 subvenciones de manera arbitraria y sin seguimiento posterior por casi 83 millones de euros. Dinero destinado a sociedades empresariales para el fomento del empleo que también llegó a 13 ayuntamientos, a fundaciones y asociaciones vinculadas con el PSOE. Empleo también trasladó esta documentación a los juzgados.

Sin comisión de investigación
La mayoría absoluta del PSOE en la Cámara andaluza rechazó una vez más la petición del PP –con el apoyo de IU– de crear una comisión de investigación parlamentaria con el argumento de que no va a permitir «una causa general contra el socialismo». Anteriormente, ya se había rechazado hasta en tres ocasiones que se analizara en la Cámara el «caso Mercasevilla», que destapó la trama de los ERE y que ahora constituye una causa separada en el juzgado.

Andalucía lleva 15 años sin una comisión de este tipo –la última fue en 1995– y ya se han rechazado más de 100. Pese a ello, el presidente del PP-A, Javier Arenas, insistió y exigió al presidente andaluz, José Antonio Griñán, su dimisión si no aceptaba que los diputados andaluces pudieran investigar esta trama.

Según Arenas, no es el PP «quien pregunta, sino la sociedad andaluza y española a través de los medios de comunicación».

Griñán, en su réplica, repitió la estrategia del PSOE: marcar distancias con la actuación del PP en Gürtel porque «nosotros colaboramos con la Justicia y apartamos a quien no se ha comportado lealmente con el partido y con el cargo», señaló.

Balones fuera sobre la Escuela de Salud
- La trama de los ERE no fue el único caso de irregularidades que recaló ayer en la Cámara. El PP preguntó a la consejera de Salud, María Jesús Montero, por la investigación de la Fiscalía de Granada a la Escuela Andaluza de Salud Pública por un posible delito de corrupción, al existir indicios de que este organismo dependiente de Salud pagó a dos funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de un proyecto en este país. Lo adelantó LA RAZÓN el lunes. Montero señaló que la Escuela de Salud Pública es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que el argumento de un posible caso de corrupción «no se sostiene». Asimismo, aclaró que la Escuela tuvo conocimiento de los hechos en el año 2007 y se pusieron en marcha dos investigaciones internas sin que detectaran irregularidades.