Los informes que pueden hacer que «Griñán no siga como presidente»

El punto de anclaje de esta denuncia son los informes que emitió la Intervención General en 2005, 2006 y 2007 desaconsejando el procedimiento que se estaba llevando a cabo para transferir el dinero de prejubilaciones y ayudas para empresas en crisis. Esto es, desde el convenio firmado en julio del 2001 entre el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el exdirector del IFA, Antonio Fernández, las partidas tomaron forma de transferencia de financiación de explotación, sin paso por el Consejo de Gobierno ni por el BOJA. El motivo esgrimido era «agilizar» los trámites. Sin embargo, la Intervención apostaba por otras fórmulas, como la subvención excepcional. Tras una discusión «técnico-política» –fue la palabra empleada por la consejera de Presidencia, Mar Moreno– el modelo elegido siguió adelante. La intervención General de Hacienda depende de la Consejería de la que entonces era el máximo responsable José Antonio Griñán, por lo que conoció de primera mano esos informes.

Griñán ha defendido en varias ocasiones que los informes, que no son vinculantes, mostraban simplemente una discrepancia respecto al modelo elegido para vehicular las partidas, pero que en modo alguno se trataba de fondos ilegales. El PP, sin embargo, cree que el resultado de esos informes que la Junta de Andalucía sólo pone a disposición del juzgado y que veta a los partidos de la oposición, puede poner en serios apuros al jefe del Ejecutivo andaluz.

«A lo mejor, cuando se conozcan los resultados de los informes (Griñán) no puede continuar ni un minuto como presidente», deslizó ayer el líder del PP-A, Javier Arenas, en un acto de partido en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Estos informes forman parte del amplio paquete de información que el PP reclamó a través de la Cámara hace dos semanas. Otros documentos son los expedientes administrativos íntegros de las ayudas concedidas a empresas con ERE o las alegaciones que presentó la Consejería de Empleo a los informes de la Intervención General de la Junta negándose a cambiar el modelo de transferencia de las ayudas. El Partido Popular anunció el 19 de febrero que registraría la petición en el Parlamento y que de no tener respuesta en un plazo de 15 o 20 días acudiría a los tribunales, una vía que ayer no descartó el presidente de los populares andaluces.

«A algunos les preocupa más que se denuncie la corrupción que la propia corrupción», explicó el dirigente popular, quien aludió al «daño extraordinario» que tanto Griñán como el vicepresidente tercero del Gobierno y expresidente autonómico, Manuel Chaves, «hacen a Andalucía».

Por otra parte, el presidente del PP-A enumeró las cuatro primeras reformas económicas que llevará a cabo su partido si gana las próximas elecciones. La primera será «decir la verdad».

«Decir la verdad es ya una reforma económica que genera confianza», argumentó. Asimismo, dijo que en caso de llegar a la Presidencia de la Junta aprobará de manera prioritaria un proyecto de ley para «dejar claro que en el gobierno no habrá ni un euro gastado sin control».