El CGPJ frena en seco a jueces «progresistas» a favor de la huelga

MADRID- El Consejo General del Poder Judicial ha parado en seco a Jueces para la Democracia (JpD) en su pretensión de que los magistrados parasen los juzgados el próximo día 14, la jornada de huelga general y movilizaciones convocada por algunos sindicatos en distintos países europeos. En España, UGT y CC OO son los que encabezan esta protesta contra el Gobierno. La mencionada asociación había reclamado la fijación de servicios mínimos en la Carrera Judicial para el citado día.

Sin embargo, la Comisión Permanente del CGPJ decidió por unanimidad rechazar tal solicitud e insistir, una vez más, en que no existe ninguna normativa legal que ampare a los jueces para llevar a cabo una huelga. En este sentido, fuentes del Consejo señalaron a este periódico que los integrantes de la Carrera judicial no pueden regirse en este aspecto por el real decreto que regula las relaciones de trabajo, entre otros aspectos el derecho de huelga de los trabajadores, ni tampoco por el régimen de los funcionarios.

El Consejo insiste nuevamente en que el ejercicio «del hipotético derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo» que lo permita. Por este motivo, rechaza la solicitud de fijar los servicios mínimos reclamados por Jueces para la Democracia en su petición.

En este sentido, se alude al acuerdo adoptado en febrero de 2009, cuando el PSOE estaba en el Gobierno y Bermejo era su ministro de Justicia, cuando los jueces ya plantearon la propuesta de realizar una huelga. En esa ocasión, en la que Jueces para la Democracia no figuraba entre los «emprendores» de tal iniciativa, el Consejo ya aludía a la falta de normativa que amparase tal pretensión, a la vez que destacaba que, como órgano de gobierno de los jueces, «velará siempre para que mediante el ejercicio de la función de jurisdicción, se garantice el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos».

Además, el pasado 24 de octubre, el CGPJ también rechazaba de forma tajante la «autorregulación» planteada por las asociaciones como otra medida de presión al Ministerio de Justicia, es decir. Así, señalaba que «el derecho de los ciudadanos a la obtención de la tutela de sus intereses legítimos» debe anteponerse a la adopción de medidas que «pueden limitar la atención de las necesidades del servicio, o provocar retrasos en su prestación».

«Estarán a la altura»
Por otro lado, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón se refirió ayer a la huelga que plantean los jueces si no se suspende la reforma de la Ley del Poder Judicial. En ese sentido, señaló que «los titulares de los poderes del Estado siempre estarán a la altura de la misión constitucional encomendada».

Los puntos de fricción
Subida de tasas judiciales: las asociaciones de jueces y fiscales critican la «elevada» cuantía y su establecimiento con «carácter general y no excepcional», que privará a los ciudadanos de acceder a la Justicia.
Reforma del CGPJ: La comisión interasociativa de jueces y fiscales pide la paralización de los anteproyectos de reforma del CGPJ que quitaría competencias sobre la formación, selección e inspección de los jueces para otorgárselas al Estado.
Concentración: se convoca una movilización de jueces y fiscales para el próximo 23 de noviembre en todas las capitales de provincia.