La Generalitat ha recaudado más de 900000 euros en multas lingüísticas

Aquel año, la Generalitat recaudó 1.200 euros por dos multas lingüísticas. Fue sólo el inicio.
Los años siguientes las sanciones fueron en aumento y, desde 2003, la Generalitat ha recaudado 901.450 euros por sancionar a empresarios como Manuel Nevot, propietario de una inmobiliaria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional después de que un juzgado barcelonés le diera la razón a la Generalitat tras ser multado con 800 euros por no rotular en castellano.

El PP, que había presentado una pregunta parlamentaria para conocer las sanciones impuestas el pasado año –205, con las que el Govern recaudó 182.525 euros–, denunció ayer «la vergüenza democrática que suponen las multas lingüísticas». El diputado y secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, argumentó que «el PSC ha sido el principal instigador de las multas lingüísticas, que ascienden a 900.000 euros durante su mandato, por mucho que ahora, a dos meses de unas elecciones, renieguen de sus propias políticas».

Los populares recopilan las sanciones lingüísticas de 2004 a 2010 –un total de 811, por valor de 900.250 euros– para advertir que los socialistas «son los responsables de que las multas lingüísticas se hayan multiplicado exponencialmente en los últimos siete años». Cornet consideró que «no es normal que tengamos que recordar constatemente que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales y que los catalanes tenemos el derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellano indistintamente». Por eso, los populares reclaman al Govern de CiU que aparque las multas lingüísticas «por ser un sinsentido, por ser discriminatorio y por no respetar la libertad de las personas».

La mayor parte de las multas lingüísticas de 2010 fueron impuestas en el Barcelonés (116) y el Baix Llobregat (22).


Santiago Espot, el «policía lingüístico» que quiere ser alcalde
Santiago Espot presumió en televisión de ejercer de «policía lingüístico», es decir, dedicarse a inventariar los negocios que no cumplen con la Ley de Política Lingüística para después advertir a la Generalitat. Denuncias como la suya han provocado el aluvión de multas lingüísticas que sufren centenares de empresarios en Cataluña, que apuestan por el castellano como idioma para sus negocios. Espot quiere ahora hacer carrera política y es uno de los candidatos del proceso de primarias de Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), el conglomerado de partidos soberanistas que esta semana ha abandonado Joan Laporta. Mañana se sabrá si los militantes de SI le escogen para ser alcaldable por Barcelona.