Inspectores de Hacienda empiezan a citar a las autonomías con suspenso

MADRID-Algunas comunidades del PP han puesto el grito en el cielo cuando han sido señaladas entre las que tienen que someterse a un examen especial por parte de la Intervención General del Estado porque a estas alturas del ejercicio no han hecho todos los ajustes necesarios para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está aplicando el mismo criterio técnico y financiero a todas las autonomías, pero precisamente es por el lado de sus gobiernos regionales desde donde le están llegando las mayores presiones internas y las mayores negaciones de la realidad.

La «leña» con la que algunos de los «barones» del PP están alimentando el fuego es la queja de que, como comunidades del partido que gobierna, deberían al menos haber sido advertidas directamente por el ministro Montoro, y al más alto nivel, de las dudas que provocan sus planes de ajuste. Es decir, un trato más preferente.

Aunque no haya habido llamada del ministro, como se quejan algunas presidentas autonómicas populares, por ejemplo, lo cierto es que inspectores de la Intervención General del Estado sí han estado reunidos con los respectivos responsables económicos y todas las comunidades tienen información de los requerimientos que les ha hecho llegar el Gobierno.

Por tanto, ahora se avanza en una fase más de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que podría concluir en la apertura del proceso sancionador que recoge la citada ley. Pero la Intervención General del Estado ya estaba encima de los Presupuestos de cada autonomía, revisando cada partida, una a una. Oficialmente no hay «intervención», si bien las comunidades tienen que dar cuenta de cada decisión financiera que adoptan y ser responsables de las mismas.

En esta nueva fase, la Intervención General del Estado ha empezado ya a citar a las ocho comunidades a las que exigen explicaciones extraordinarias bajo la advertencia de que, de no llegar, se elevará informe al Consejo de Ministros para que adopte la decisión correspondiente en relación al inicio de la aplicación del proceso sancionador de la Ley de Estabilidad. En poco más de una semana terminarán esas reuniones –que ayer comunidades como Cataluña y Extremadura sí admitieron que iban a producirse, como también lo ha hecho Murcia–. Y a partir de ahí, si la negociación concluye sin acuerdo, entonces actuará ya el Consejo de Ministros, bien en su reunión del día 27, bien en la del día 3 de agosto.

Quedan semanas de un intenso tira y afloja en el que Montoro tendrá que acentuar sus equilibrios políticos con sus obligaciones financieras. Ayer, ante el «incendio» interno que le han montado algunas de sus comunidades, Hacienda suavizó el tono con respecto al que utilizó el pasado jueves el ministro tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ahora se trata de «contrastar» con un «buen número» de comunidades su ejecución presupuestaria, añadiendo datos del segundo trimestre de 2012, y comprobar la puesta en marcha de las medidas de ahorro de gasto, y de incremento de ingresos, comprometidas en los planes de ajuste para la consolidación fiscal, explicó el Ministerio. «No es procedimiento de intervención, sino un chequeo», precisó Hacienda.

La obsesión autonómica es alejar de sí el estigma de la intervención, aunque su margen sea cada vez más estrecho, y más lo será en la medida en que tengan que hacer uso del Fondo de Liquidez Autonómico para financiarse por no poder colocar su deuda en los mercados. La Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha reconoció ayer que está estudiando los requisitos de acceso al mismo.

El Gobierno se ha resistido todo lo que ha podido a este mecanismo porque la prima de riesgo sigue disparada y eso hace insostenible el coste de financiación de la propia deuda soberana.