Una deuda insoportable

La cifra real de la deuda de las administraciones era una de las últimas grandes sorpresas de la pésima herencia del Gobierno del PSOE. El Banco de España informó ayer de que en 2011 creció un 14,2% hasta sumar 734.961 millones de euros, lo que supone un 68,5% del PIB, el máximo histórico. España incumple así el límite del 60% comprometido por los socialistas con la UE en el Pacto de Estabilidad. Aunque se mantiene por debajo del 87,4% de media de la zona euro, resulta ya una carga insoportable sobre las espaldas de los ciudadanos. Cada español debe hoy 15.571 euros.

Los ayuntamientos se han contenido, y su endeudamiento creció sólo un 0,03% hasta un total de 35.420 millones, el 3,3% del PIB. Pero no hay sorpresas con las autonomías, que han sido las que más se han endeudado, con un incremento del 17,2% y más de 140.000 millones, con Cataluña a la cabeza y seguida de Valencia y Castilla-La Mancha. El caso catalán, donde los nacionalistas de CiU gobiernan ya desde hace prácticamente 15 meses, es especialmente llamativo al acumular el mayor volumen de deuda, 41.778 millones, que es el 29,8% del total de las comunidades. Pero también llama la atención que la deuda de Cataluña haya crecido hasta suponer el 20,7% de su propio PIB. O que, al acabar 2011, el endeudamiento de sus empresas públicas fuese casi la mitad de los 13.870 millones que deben en su conjunto las compañías públicas de todas las autonomías.

La herencia primero del Tripartito y ahora de los nacionalistas que deben asumir los catalanes se añade a la generada por otros gobiernos autonómicos en el resto de España. El grave deterioro económico justifica hasta hacerlo imprescindible el proyecto reformista del PP de Rajoy, y la necesidad urgente de volver a una política de disciplina presupuestaria que limite la capacidad de los políticos de turno para gastar sin tasa con la idea de que «el dinero público no es de nadie». El Ejecutivo socialista eliminó, por oportunismo electoral, el sistema de límites al gasto público establecido por Aznar, que habría evitado en buena parte la pésima situación actual. Por eso ahora se deben arbitrar medidas con vocación de continuidad como el nuevo proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, con supervisión de los presupuestos autonómicos, o la reducción del número de empresas públicas anunciada ayer. Es necesario que el proceso de reducción sea ahora seguido por autonomías, diputaciones y ayuntamientos.

La tarea del Gobierno pasa por restaurar la confianza en España como país solvente y a ello contribuye el plan de apoyo a las comunidades y los ayuntamientos. Gracias a ello han aflorado casi dos millones de facturas municipales impagadas. Es un paso más en el camino de recuperar el sentido común a la hora de gastar el dinero de los ciudadanos.