Sevilla
Impulso al metro «frenazo» judicial
Tan política fue ayer la reunión del comité ejecutivo del plan Sevilla 2020 que su invitado, el alcaldable del PSOE, Juan Espadas, aprovechó para anunciar las prioridades en sus «primeros cien días de gobierno».
Entre ellas incluye la firma con la Junta de Andalucía de los acuerdos necesarios para iniciar la licitación de los tramos prioritarios de las líneas 2, 3 y 4 del metro, y excluye el Distrito Judicial propuesto por su contendiente del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, en el Prado.
En «el segundo semestre de 2011», Espadas quiere promover la «reanudación de las obras» del metro en colaboración con la Junta, así como actuaciones que fomenten la «intermodalidad» en el transporte y «micropeatonalizaciones» en los barrios.
También contactará con la Administración andaluza y la iniciativa privada para garantizar los recursos que necesita su proyecto de transformación del río en «el gran eje vertebrador» de la ciudad. Entre estas primeras acciones, contempla la elaboración de «planes integrales» de actuación en barrios como Torreblanca, y «los primeros pasos» en la reorganización municipal por distritos.
Para estos «primeros cien días de gobierno» reserva Juan Espadas el inicio de actuaciones formativas «a escala de barrio» y, sobre todo, la convocatoria de un «foro de alcaldes metropolitanos que tome las riendas de un plan estratégico» para que Sevilla y su área de influencia trabajen conjuntamente en el impulso de una nueva «economía productiva».
El aspirante del PSOE aprovechó el mismo foro para rechazar definitivamente el Distrito Judicial del PP, advirtiendo en primer lugar los «problemas de movilidad» que implicaría en el centro. Según sus cálculos, la reubicación de más de 420 órganos judiciales requiere 200.000 metros cuadrados, y el PP «se queda cortito» al plantear la liberación de sólo 100.000 metros en parcelas cuyo cambio de uso «llevaría años de modificaciones urbanísticas». Además, considera que la explotación de un parking no cubrirá los 200 millones de euros que, en su opinión, puede costar el complejo judicial.
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