Tres hombres propinan una paliza a un joven que salía de una discoteca gay

SEVILLA- Sobre las siete de la mañana, tres individuos lo abordaron en las cercanías de la sevillana calle Torneo propinándole un primer empujón al que siguieron patadas y puñetazos al grito de «maricón, hijo de puta, te vamos a matar». Ése es el relato de la agresión que el pasado domingo sufrió Antonio D. P. G., un joven de 23 años de Sevilla al que tres hombres, de origen rumano y de entre 30 y 35 años, según consta en su denuncia policial, dieron una paliza para «recriminarle» su condición homosexual.

El presunto asalto se produjo cuando la víctima abandonó la discoteca «Priscilla», un local de ambiente gay situado en el Paseo Juan Carlos I, junto al Guadalquivir. Antonio D. P. G. tuvo que ser atendido en un centro de salud de Triana, cercano a su domicilio, por «erosiones en un codo» tras sufrir una agresión que sólo cesó cuando los atacantes huyeron al acercarse un patrullero de la Policía Local.

La Coordinadora de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Andalucía Girasol condenó este episodio violento y exigió que «se ejerza toda la fuerza de la ley contra actos de odio como éste, en el que queda demostrado que se siguen viviendo a diario situaciones en las que las personas homosexuales y transexuales se sienten intimidadas y agredidas por personas intolerantes».

Asimismo, el colectivo reivindicó que se reconozca la especificidad de este delito mediante su incorporación en los atestados policiales y se ofrezca apoyo integral a las víctimas.

Junto a ello, solicitaron la puesta en marcha de protocolos policiales para el trámite de las denuncias, que tengan en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas del odio, la necesidad de dar protección a las mismas durante todo el proceso y las garantías en su denuncia de no proceder a medidas de expulsión en el caso de ser inmigrantes sin papeles. Además, Girasol reclamó la elaboración de estadísticas por parte del Ministerio del Interior de los delitos de odio por homofobia y transfobia y la aplicación rigurosa de la legislación penal a quienes agredan a personas por motivos de orientación o identidad sexual.