Responsabilidad autonómica

Esta semana vence el plazo dado a las comunidades autónomas para que presenten al Ministerio de Hacienda unos presupuestos que no pueden superar el 1,5 por ciento de déficit. Y para recordar a los afectados que no estamos ante un mero ejercicio de voluntarismo ni se trata de hacer brindis al sol, el Gobierno ha reforzado sus facultades de inspección y control mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entrará en vigor pasado el puente de mayo. Es absolutamente imprescindible para la credibilidad internacional de España que el ajuste autonómico se lleve a cabo con el mayor rigor. Y es imprescindible porque buena parte del sobrecoste financiero de esta crisis viene dado por la desconfianza que generan en los mercados internacionales las cuentas de las autonomías, como demuestra el hecho de que algunas estén obligadas a financiarse con unos intereses que suponen más del doble de lo que paga el Estado. Lo que se exige a los actuales responsables autonómicos no es, por supuesto, ni fácil ni sencillo, aunque sólo sea porque se parte de una situación general de alegrías presupuestarias, que han rayado en la elefantiasis administrativa, y que lastran gravemente su capacidad de maniobra. Consciente de esas dificultades, es evidente que el Gobierno de la nación tratará de acordar las mejores vías para el cumplimiento del objetivo. Pero, como vienen reiterando los titulares de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, respectivamente, la quiebra de una sola comunidad autónoma significaría la quiebra del Estado, puesto que las autonomías son Estado, algo impensable y que el Gobierno no puede consentir. Se pueden discutir las fórmulas de financiación, la viabilidad de los hispanobonos o la prioridad de los ajustes. Hay tiempo, puesto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé un plazo de seis meses antes de la intervención forzosa de las cuentas, pero lo que está fuera de lugar es tratar de presentar el asunto como si se tratara de un ataque a las bases del Estado autonómico español, conformado en la Constitución, o frivolizar con supuestos agravios regionales. Ciertamente, el espectáculo vivido durante el debate parlamentario de los Presupuestos no mueve al optimismo, pero la gravedad de la situación económica española, con el paro y la crisis de la deuda como indicadores más evidentes, exigiría de la oposición un ejercicio de responsabilidad alejado del populismo partidista. Es, por supuesto, a los españoles a quienes cabe la mayor parte del esfuerzo para salir adelante y como tal hay que asumirlo. Pero el éxito va a depender, también, del apoyo de nuestros socios comunitarios. Y ese apoyo no será determinante si permanecen las dudas sobre la fiabilidad de las cuentas y la voluntad de cumplir los compromisos adquiridos. En el ajuste autonómico nos jugamos demasiado.