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Según el también portavoz popular en el Parlamento valenciano, ni al PSPV, ni a Compromís ni a los grupos no adscritos, les interesa que se lleve a cabo esta auditoría, ya que esto les permite «alargar el montaje político» que sobre este asunto han ideado.
Los expedientes que se fiscalizarán corresponden a las ayudas que la Conselleria concedió a la Fundación Cyes para el desarrollo de varios proyectos en el país americano, y que finalmente se utilizaron para la compra de dos inmuebles y un garaje, según denunciaron desde el PSPV-PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción.
En este sentido, el portavoz adjunto del PP, César Augusto Asencio, insistió en que es «falso» que con conocimiento de la Conselleria se utilizaran fondos públicos para comprar inmuebles privados así como que desde el Departamento de Blasco se «manipularan» archivos informáticos con el objetivo de ocultar estos movimientos.
Asimismo, argumentó que una proposición de ley no es el mecanismo para solicitar los expedientes a la Conselleria -Compromís pidió incluir en la fiscalización los expedientes adjudicados en 2009 y 2010 a la Fundación Solidaria entre Pueblos, Fudersa, Ceiba, Esperanza sin Fronteras, Asamanu y Asa de África-, pero «aunque fuera posible», la respuesta también sería negativa porque lo que se pretende es «confundir a los valencianos».
Por su parte, la diputada del PSPV Clara Tirado advirtió de que su grupo no será «cómplice» de entregar a la Sindicatura unos informes «falsos» construidos «a base de papel manufacturado».
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