La gestión bancaria por José Miguel Serrano

Basta leer la exposición de motivos del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros para deducir que los acontecimientos que han llevado a la necesidad de recapitalizar Bankia, otra vez, y al rescate bancario español difícilmente pueden atribuirse al comportamiento de una persona. De esta forma, si bien todos los intervinientes en los procesos, empezando por el entonces gobernador de Banco de España y el Gobierno de la nación en 2010, han quedado marcados por los errores cometidos, difícilmente se puede entender que afecten penalmente a los gestores últimos de un conjunto de acciones que se han revelado equivocadas.

La idea de fundir cajas de ahorros en situación delicada( aunque con las normas entonces vigentes esa situación fuese opaca) con otras en situación abiertamente catastrófica gozó de un amplio consenso político, fue, si se me permite, un error sistémico que debería empezar a dilucidarse por quienes llevaron a esa situación a sus respectivas entidades. Pero si las fusiones fueron una solución de consenso, aún más lo fue la idea de recapitalización en el mercado. Como dice el real decreto. «Con ese objetivo reformista, el Gobierno ha optado por fortalecer el sector financiero español a través de dos líneas básicas: la capitalización de las cajas, facilitando su acceso a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito; y la profesionalización de sus órganos de gobierno».

Conviene recordar que la recapitalización, es decir, la salida a bolsa fue inducida en momentos de dificultades como la gran solución. También es notorio, como prueba de la presión política en la misma, que entre los que han sufrido graves pérdidas se encuentran algunas de las grandes fortunas de España. Ni la gestión en dos años 2010 y 2011 explica el deterioro sufrido por unos activos globalmente sobrevalorados ni se puede atribuir la «recapitalización» fallida a una pretensión de engaño por gestores concretos.

En estas circunstancias, es evidente que muchos han perdido y se pueden sentir defraudados, y que en sentido literal todos pagamos los graves errores durante la crisis. Es, por tanto, natural que unos y otros quieran que se escenifique la sanción por todos estos hechos. Pero centrarse en una persona, Rodrigo Rato, y por vía penal da la sensación de la búsqueda de un chivo expiatorio, figura de amplia tradición que cubre la responsabilidad de muchos. Figura, sin embargo, incompatible con una justicia concreta.

José Miguel Serrano
Profesor de la Universidad Complutense