Las familias en paro no podrán ser desahuciadas

MADRID- Ha conseguido que sea suya la victoria de flexibilizar los objetivos de déficit (como Alfredo Pérez Rubalcaba empezó a pedir en plena campaña electoral) y ayer, el Consejo de Ministros aprobó un mecanismo para evitar que ninguna de las hipotecas más bajas actualmente firmadas acabe en desahucio.

Una medida dirigida a la población más vulnerable por los efectos de la crisis. Desde que ésta se inició, se han producido 300.000 ejecuciones hipotecarias y a día de hoy hay hasta un millón y medio de familias con todos sus miembros en el paro.

El Código de Buenas Prácticas bancarias, recogido en un decreto ley, regula la entrega de la vivienda para saldar una deuda hipotecaria para los casos más extremos, y como última fórmula. Antes establece dos procedimientos: la reestructuración de la deuda, con una carencia de hasta cuatro años y ampliando el plazo de la hipoteca hasta los 40 años, además de limitar el tipo de interés al Euribor más el 0,25%; y la quita, en la que se condonará parte de la obligación pendiente de amortización en función de unos cálculos porcentuales sobre cada caso particular. El objetivo es ajustar la hipoteca al valor actual de la vivienda.

Dos años prorrogables
Como última salida, el hipotecado podrá acogerse a la entrega de la casa sin que sea «lanzado» de la misma, como precisó ayer gráficamente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Esto quiere decir que se le dará la posibilidad de permanecer en ella dos años, prorrogables, con una renta anual del 3% sobre la deuda que tenía pendiente.

Los beneficiarios serán familias en riesgo de «exclusión social». Es decir, con una única vivienda, con todos sus miembros en el paro y sin patrimonio. Y con unas cuotas hipotecarias que superen el 60% de sus ingresos. El decreto ley también marca el precio de las viviendas objeto del embargo: no podrá estar tasada en más de 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes; en más de 180.000 en las de más de medio millón de habitantes; en más de 150.000 en las de más de cien mil; y en más de 120.000 en las de menos de cien mil habitantes.

Durante la negociación de esta medida, algunas entidades han trasladado al Gobierno su miedo a un «efecto llamada» que llevará a acogerse a ella a clientes que pueden seguir pagando su crédito hipotecario. A lo que se ha respondido marcando estos límites tan estrechos.

Valor de ley
El código es voluntario, pero una vez suscrito por las entidades tendrá valor de ley y podrá ser reclamado ante los tribunales, según explicó la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría no desveló los nombres de las entidades que han dado ya el sí al Gobierno, sólo dijo que la medida ha tenido «muy buena acogida» y que serán «transparentes» en la comunicación de las entidades que se suman.

Este código también recoge nuevos intereses de moratoria. Los bancos y cajas no podrán cobrar más del 2,5% de intereses de demora, junto a los ya pactados en la hipoteca. Y se reforman los procedimientos extrajudiciales para que sean más ágiles y baratos.