Exigen la retirada del «decretazo» o «reventarán» la campaña electoral

De nada ha servido el aplazamiento de la entrada en vigor de los estatutos de las agencias públicas, la tramitación como proyecto de ley del decreto o los «guiños» que les dedicó el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en su discurso navideño. Exigen la retirada del decreto-ley 6/2010 o pronostican una campaña electoral «calentita», al tiempo que continuarán «reventando los actos públicos» convocados por la Junta.

El portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos de la Junta (PEPA), Emilio Sempere, advirtió ayer al Gobierno andaluz de que «si no se avienen a razones, no habrá paz social». Lo hizo después de registrar en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla la convocatoria de una manifestación para el 22 de enero en la que reclamarán la retirada del «decreto del enchufismo». El lema será «Por unos servicios públicos de calidad, no a la privatización» y los convocantes esperan 50.000 personas.

Además de la PEPA, la protesta es apoyada por los sindicatos Csif-A, CGT-A, SAT, Uso, Ustea, la Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Asociación el Tercer Lado y otras entidades como la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.
Según aseguró Sempere, «esta acción no será ni la última ni la única» y ya estudian convocar manifestaciones en Granada.

Los empleados públicos tienen en mente una fecha: las elecciones municipales de mayo. Saben que en campaña electoral pueden hacer mucho daño al PSOE. Sempere pronosticó que «la tranquilidad durante la campaña dependerá de la Junta, de si finalmente hay derogación o no del decreto y se firma la paz social». También lamentó las «represalias» que están sufriendo algunos empleados públicos, de forma que «están cerrando el cerco y nos están abriendo expedientes en los centros».

En el manifiesto que se leerá en la protesta del 22, las organizaciones convocantes lamentan que con este modelo «se vulneran la transparencia y la independencia de la gestión pública» y «se ataca a ciudadanos, a quienes opositan y optan legítimamente a su derecho al empleo público y a los trabajadores del sector público».

Los que tampoco se ponen de acuerdo son PP y PSOE. La portavoz del PP-A, Rosario Soto, afirmó que la próxima manifestación es la prueba de que la «trampa» del aplazamiento «no le ha servido» a Griñán para resolver este asunto.

Por su parte, la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, cargó contra los convocantes, ya que, a su jucio, sólo persiguen «desgastar a la Junta» con el objetivo de «arañar un puñado de votos».