Los barones demandan la reforma del gasto social

MADRID- Las comunidades autónomas –la mayoría bajo gobierno del PP– han comenzado a aglutinarse en privado bajo una misma causa: demandan reformas estructurales del gasto en las grandes partidas sociales y una redefinición de los servicios públicos y de las prestaciones. Su «arma» de presión es la advertencia de que el Estado del Bienestar, tal y como hoy funciona, está en serio riesgo de seguir siendo viable y su garantía exige, a su juicio, la implicación del Gobierno central como promotor y coordinador de las reformas de calado que la urgencia de la situación requiere. El Gobierno tiene a su favor un mapa territorial en el que tras las últimas elecciones autonómicas y municipales el dominio del PP es casi absoluto, lo que sosiega las presiones y la tensión en la esfera pública. Prueba de ello es que Cataluña y Andalucía son las únicas que han dado el puñetazo en la mesa tras conocerse los nuevos objetivos de déficit para 2012 establecidos por el Gobierno de Rajoy. Para las comunidades, la línea roja está en el 1,5% del PIB, exigencia sobre la que el Ejecutivo está escenificando que va a ser absolutamente inflexible. En 2011, debían haberse ajustado a un déficit del 1,3%, pero se disparó hasta registrar un desequilibrio negativo en las cuentas del 2,94%, el mismo porcentaje que en 2010. Llegar a esa barrera del 1,5% exigirá un «esfuerzo importante», como ayer demandó expresamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una comparecencia en La Moncloa con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. No obstante, el conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, pedirá hoy que se amplíe el techo de déficit autonómico en la misma proporción que el margen extra que se da el Gobierno español, lo que representaría elevar la cifra a cerca de un 1,7 % del PIB catalán, según revelaron fuentes del Govern.

Rajoy insistió en la idea de que España es un todo en el que el presidente del Gobierno es el responsable último de todo y que, como tal, se responsabiliza también del déficit de todas las demás administraciones. Ahí justifica la exigencia de que cumplan con sus deberes, y también el auxilio financiero que el nuevo Gobierno está prestando a las comunidades con problemas como es el caso de Valencia. Fuentes del Gobierno confirmaron ayer a este periódico que esa reforma estructural del gasto público se acabará poniendo en marcha en los próximos meses dentro de la obligada acción concertada que exige actuar en un ámbito tan delicado como éste. Además de esa sostenibilidad del modelo, al Ejecutivo también le preocupa el daño que una política de recortes autonómicos sin un eje común causa en la cohesión interterritorial y en el principio de solidaridad. Por tanto, aunque no habrá motín autonómico, porque el PP tiene el control del poder central y territorial, la situación es «extremadamente preocupante», según un presidente autonómico popular. En la diana está el gasto farmacéutico, el introducir el factor de la renta en servicios o revisar la cartera de prestaciones a cargo de las autonomías.