Bruselas

Se vende empresa Razón: el Estado

El Ejecutivo espera captar 20.000 millones con AENA y la empresa a través de la que se gestiona el juego.

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Madrid- La fórmula ya estaba inventada y los considerados países periféricos de la UE –Grecia, Portugal, Irlanda y España– se agarran ahora a ella para combatir la crisis de deuda. Lo que era público será privado. El Estado esquivará la quiebra con el capital de las privatizaciones y los mercados calmarán la intensidad de sus ataques sobre la deuda soberana. Sobre el papel, parece la solución perfecta a los problemas que ni siquiera el «quórum» formado por los 27 países de la Unión Europea ha logrado encontrar salida. Grecia, Portugal y España ya se han puesto manos a la obra.

Escaso atractivo
El Gobierno estudia la fórmula para salir del poder como el Ejecutivo que sacó al país de la crisis de deuda pública, y la venta de las empresas públicas es una de las posibles soluciones. El problema con el que se enfrentarán las privatizaciones es el escaso atractivo que tienen actualmente, ya que pocas son rentables y sus modelos de negocio precisan reformas.

Con la elección de Rothschild como asesor en la salida a bolsa del 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el Gobierno inicia la oleada de privatizaciones con la que pretende captar suficiente capital para cumplir con los objetivos de déficit de la UE (6% este año). La operación pública de venta (OPV), que se realizará previsiblemente entre septiembre y octubre, está valorada en hasta 10.000 millones de euros, capital que servirá al Gobierno para calmar el ánimo de los mercados y frenar las presiones de Bruselas.

La salida a bolsa de Loterías será la mayor en la historia de España, ya que supondría valorar la compañía en más de 30.000 millones de euros. Si las condiciones del mercado lo permiten, LAE será una cotizada después del verano, y el Ejecutivo quiere un «núcleo duro» en su capital, como ya sucediera en su día con Iberia. Sin embargo, el mercado no quiere que la operación registre un resultado como el de la aerolínea, que no convenció ni a los analistas ni a sus propios accionistas.

El Ejecutivo ya dio luz verde en febrero a la privatización del 49% de AENA, que se transformará en una sociedad mercantil –AENA Aeropuertos– con capital privado que gestionará los aeropuertos. Todos menos las dos joyas de la corona, Barajas y El Prat, que serán entregados a gestores privados en régimen concesional. Las torres de control ya han comenzado a liberalizar su gestión y el Ejecutivo espera captar unos 9.000 millones de euros, en total, con esta operación.

Prácticamente todo lo que obtenga el Estado con la privatización de AENA irá destinado a reducir la abultada deuda que arrastra el gestor aeroportuario –12.000 millones de euros a cierre de 2010– derivada de las fuertes inversiones realizadas años atrás para ampliación de Barajas y El Prat. No es un negocio rentable, lo que podría dificultar su colocación en el mercado, a lo que hay que añadir la carga de la plantilla. A mediados de marzo, las centrales arrancaron al gestor el compromiso de mantener las actuales condiciones laborales a los trabajadores que, por las privatizaciones, pasen a ser empleados por las futuras concesionarias de Barajas y El Prat. Un aspecto que, según los expertos, encarecerá la operación para las sociedades interesadas y la hará menos atractiva.

El negocio del ferrocarril
En un proceso similar al de AENA, Renfe creó en marzo cinco compañías (Mercancías, Transporte, Automóviles, Siderurgia y Operadoras) con el objetivo de captar la atención de las empresas y que el capital privado compre hasta el 45% de cada una de ellas. El Gobierno admitió entonces que las cinco son deficitarias y alguna carga con deuda, y se comprometió a ofrecer modelos de negocio rentables para septiembre.

 

Los puertos, en el punto de mira
Nada ni nadie se libra de la austeridad presupuestaria. El Gobierno necesita reducir el déficit y, para ello, está tocando todos los palos: pensiones, salarios de los funcionarios, inversión en infraestructuras... En este último capítulo, la parte más visible es el recorte de más de 6.000 millones anunciado por el Ministerio de Fomento. Pero hay otros aspectos que también se están revisando. En el punto de mira está el mapa portuario. Fernando González Laxe, presidente de Puertos del Estado, defiende que España necesita tres tipos de puerto: los energéticos, los de importación y exportación y los que son «hub» en cadenas logísticas. Ciñéndose a estos requisitos y a los de rentabilidad, algunos expertos creen que las 28 autoridades portuarias que existen quedarán reducidas a 11. El resto, deberán fusionarse o desaparecer.