Duro ajuste en gasto público inversión y subvenciones

Madrid- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha estado esta semana pasada trabajando personalmente en la revisión de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que se presentarán este jueves. Ministerio por ministerio, Rajoy ha repasado algunos de los puntos más conflictivos de unas cuentas «trascendentales». Moncloa cree que estos Presupuestos, la contención del déficit y el desenlace de la reestructuración bancaria determinarán el futuro de la petición de ayuda para enfriar la deuda soberana. Esta vez el ser o no ser se traduce en una prima de riesgo sin más sobresaltos o en más condiciones y más sacrificios impuestos desde fuera.

Rajoy ha advertido a sus colaboradores de que de la consolidación fiscal depende absolutamente el futuro de España. Bruselas, Berlín y el Banco Central Europeo (BCE), entre otros, están pendientes de esos Presupuestos y de la nueva agenda de reformas en un contexto político complicado y lleno de suspicacias sobre la posible injerencia del clima electoral en la hoja de ruta del Ejecutivo. Tampoco ayudan los vientos de inestabilidad que soplan en Cataluña. El presidente del Gobierno es el primer convencido de que los Presupuestos de 2013 tienen que resultar «sonoramente creíbles» y esto exige dar otra vuelta de tuerca en algunas de las decisiones más sensibles que se han adoptado en esta Legislatura.

Para cuadrar el círculo del ajuste, alrededor de otros 40.000 millones de euros, habrá un nuevo recorte, el tercero, en el gasto de la Administración General del Estado. Cada Ministerio ha tenido que presentar un nuevo plan de ajuste de su gasto corriente, en inversiones, en subvenciones… Por supuesto que Fomento verá reducirse una vez más el dinero presupuestado para inversión. Que habrá un nuevo tijeretazo en todas las subvenciones, en las ayudas a las ONG, en las transferencias… Y seguirá recortándose la plantilla de empleados públicos, vía, sobre todo, interinos. «Estos ajustes hay que hacerlos sin demasiado ruido. Pero no hay otra alternativa», explican fuentes del equipo económico.

Encima de la mesa está la reducción, alrededor de un 20 por ciento, de las prestaciones sociales en el régimen asistencial de Muface. Casi millón y medio de empleados públicos están adscritos a ese régimen, a los que se suman otros 700.000 beneficiarios, los hijos y otras personas a su cargo.

En la filosofía de este Gobierno está acercar lo más posible el régimen de los funcionarios al de la empresa privada, homologarlo en horarios, en complementos y en otro tipo de privilegios adquiridos. Entre las ayudas sometidas a revisión están la de la adquisición de vivienda, la de incapacidad, el subsidio por riesgo de embarazo o el subsidio por jubilación.

En el Plan Bianual, que el Gobierno presentó a Bruselas a principios de agosto, se establecía el compromiso de que la Función Pública recortase su gasto en 9.000 millones de euros, manteniendo la congelación del empleo público en 2013 y 2014. Este Plan también recogía un aumento de ingresos y un recorte de gastos por el citado importe de 38.956 euros. Más de 15.069 millones correspondían a medidas tributarias, entre ellas, la subida del IVA. En el plano impositivo, las cuentas para 2013 incluirán una notable subida para las plusvalías que se generen en el primer año y un nuevo impuesto verde, en línea con los existentes en la Unión Europea (UE).

 Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará el Presupuesto de 2013 este próximo jueves, antes de que llegue al Congreso. Ese mismo día el Gobierno también presentará el nuevo Plan Nacional de Reformas, que se remitirá a Bruselas. Las dos medidas forman un paquete que tiene como guía el objetivo de recuperar la credibilidad en España.

Un reparto ajustado al déficit
Las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo para España dejan claro que nuestro país seguirá en recesión en el próximo ejercicio, al caer un 0,5%, mientras que la tasa de paro será del 24,3%. Por su parte, el objetivo de déficit marcado por la CE para 2013 fija para España un límite máximo del 4,5%. El Gobierno ha fijado un reparto que permite un déficit del 3,8% a la administración central y un 0,7% a las autonomías, mientras los ayuntamientos y la Seguridad Social deben cerrar el ejercicio sin déficit.