Los sindicatos nos cuestan el doble

MADRID-La Iglesia se autofinancia. Los sindicatos, no. Así, por cada uno de los feligreses españoles que acuden a la misa de los domingos, la Iglesia recibe poco más de 39 euros de los españoles que marcan la cruz en el IRPF, mientras que el Estado da por cada sindicalista cerca de 67 euros. Desde que en 2006 los obispos y la entonces vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, estrecharan sus manos para modificar los acuerdos Iglesia-Estado en materia económica, se aumentó la asignación de IRPF a 0,7% a cambio de eliminar la asignación directa del Gobierno. Estas partidas sí se mantienen para financiar a las organizaciones que representan a los trabajadores. Sólo en la segunda Legislatura de Rodríguez Zapatero, Moncloa destinó más de 1.000 millones en forma de subvenciones a los sindicatos para que éstos los repartieran «como Dios les diera a entender». Véase, por ejemplo, la partida de 1,2 millones que se les otorgó en 2011 por participar en las Mesas de Negociación de la Administración General del Estado. Curiosamente, esta cifra es similar a la que dedica Cáritas cada año sólo en sus programas de ayuda y formación de reclusos y de reinserción de aquellos que han salido de prisión y se plantean retomar su vida. Y es que el trabajo de los sacerdotes, religiosas y laicos ahorra al Estado más de 31.000 millones de euros, ya sea a través de colegios, residencias, clínicas, parroquias, centros de acogida... En cambio, calcular cómo revierten en los parados y en los trabajadores los 406.142,83 euros que recibieron en 2011 los sindicatos con el pretexto de la Memoria Histórica, no está tan claro.

La lupa
Campaña laicista sin apoyo popular
Captar votantes. Posicionarse ideológicamente. Sea cual sea el objetivo, lo cierto es que cada vez que los socialistas se reúnen para elaborar un programa electoral o elegir candidato, surge alguna propuesta para borrar cualquier presencia pública de la fe. Y todo, sin que haya un respaldo social detrás. ¿El último intento? El reciente Congreso Federal de Sevilla aprobó una resolución, con el beneplácito de Rubalcaba, que pide revisar los acuerdos de 1979 con la Santa Sede para quitar la asignatura de Religión del horario lectivo, así como acabar con los «privilegios» que, según ellos, tiene la Iglesia.