El Gobierno elevará el nivel de renta para lograr ayudas hipotecarias

MADRID- Ocho meses después de aprobarse el Código de Buenas Prácticas, que suscribió la banca en su práctica totalidad, el Gobierno se sentará hoy a negociar con el PSOE una reforma de urgencia para frenar temporalmente los desahucios de familias y otros colectivos sociales que se han quedado en una situación crítica por culpa de la crisis económica. El suicidio este viernes de la ex edil socialista en Eibar Amaia Egaña, cuando iba a ser desalojada de su piso en Barakaldo, llevó al Ejecutivo a adelantar sus planes y anunciar por boca del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una propuesta de paralización temporal de los desahucios destinada a estar hoy encima de la mesa de la comisión técnica encargada de revisar la legislación actual.

Hasta ahora, lo más avanzado en la negociación es la idea de elevar el nivel de renta de lo que se entiende como exclusión social, o dicho de otra manera, la horquilla que marca la posibilidad de beneficiarse de periodos de carencia (no se devuelve el capital prestado) y otras ayudas hipotecarias que, en teoría, ya deberían ofrecer todas las entidades financieras. Algunas lo hacen; otras, no. Y en el foco de la polémica están, especialmente, las nacionalizadas. Para los casos más excepcionales el Gobierno baraja la posibilidad de una moratoria de hasta dos años, pero esta iniciativa tiene importantes flecos pendientes de rematar. No sólo en la negociación con el PSOE, sino también en la que hay en marcha con los bancos, principales actores para resolver el problema.

Los límites del Código de Buenas Prácticas son tan estrictos que han dejado fuera a familias con bajos ingresos. El valor de la vivienda no puede exceder de 200.000 euros en las grandes ciudades, una cantidad que, en ningún caso, se corresponde con los costes de la etapa del «boom inmobiliario» y sí con los que ahora están marcando el mercado; y de 120.000 euros en otras localidades de menor tamaño. El Gobierno ha estudiado la posibilidad de elevar esos límites. Además, el endeudado no puede contar con avalistas solventes (dueños de otras propiedades con las que hacer frente al débito). En niveles de renta bajos o muy bajos, exigir que esté comprometido en el pago de la vivienda el 60 por ciento de los ingresos totales, incluidas las rentas por desempleo, puede dejar en una absoluta situación de precariedad al deudor, porque en función de sus obligaciones familiares puede ocurrir que no sea capaz de sostener sus necesidades básicas.

El Gobierno lleva semanas negociando discretamente con los bancos para conseguir que amplíen las opciones que ofrecen a los deudores que no pueden hacer frente a sus pagos. Quiere una renegociación en términos muy favorables para aquellos hogares que se han quedado sin ingresos solventes. En el Código aprobado en marzo, las entidades más comprometidas tenían incluso la puerta abierta a asumir la mitad de la depreciación del valor del inmueble en base a que la tasación que sirvió para conceder el crédito estaba sobrevalorada. En este hecho se basa la demanda de que el banco cargue a su cuenta la mitad de esa desviación y la descuente de la cantidad adeudada por el comprador.

El PSOE llevará a la reunión la proposición de ley que ha registrado en el Congreso. Implica modificar cinco leyes para implantar, por ejemplo, una moratoria para dejar en suspenso el proceso de ejecución hipotecaria durante la renegociación y evitar el abuso de los intereses de demora, así como un procedimiento extrajudicial previo similar a los concursos de acreedores que existen para las empresas en quiebra. También el Ejecutivo está estudiando ampliar los procedimientos de arbitraje. El ámbito de aplicación de la iniciativa socialista afecta a nuevas hipotecas, a las ya firmadas y a las que están en ejecución, informa Efe.