«Cualquier ciudadano podrá solucionar desde su PC trámites en toda Europa»

En el proyecto «Stork » participa un consorcio de 32 administraciones públicas –como el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública–, organizaciones privadas y una docena de empresas subcontratadas, como Indra, de 17 países europeos. Bajo el paraguas de la Comisión Europea y por un periodo de tres años, se está trabajando para facilitar los trámites administrativos electrónicos a los ciudadanos comunitarios residentes en otros estados miembros, ya que reconoce las identidades electrónicas de los distintos países.
Todo un reto que suma 400 millones de ciudadanos con diferencias lingüísticas y peculiaridades en los cientos de identidades electrónicas que se expiden. Sólo hay que poner juntos un DNI español y uno sueco para darse cuenta de cuántas barreras se pueden superar todavía en la vieja Europa.
-¿En qué se basa Stork?
-La idea es que cualquier ciudadano pueda solucionar desde su PC y con su DNI electrónico sus trámites burocráticos en toda la UE.
-¿Qué ganan ciudadano y Administración?
-Ganan tiempo en primer lugar. Por otro lado, los datos son enviados por la autoridad competente, por lo que son plenamente fiables. La Administración gana en la calidad de los datos. Tienen plena certeza de la identidad del usuario, tal y como lo tienen con el DNI, por lo que no hay razón para requerir la presencia física.
-¿Se quieren sustituir las tarjetas nacionales?
-No se obliga a abandonar el DNI ni los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por ejemplo, ni sus equivalentes en el extranjero. El desafío es que las identidades electrónicas extranjeras existentes sean aceptadas en cada país participante como si fuera una más de las existentes a nivel nacional.
-¿Qué tipo de gestiones se han probado?
-En la actualidad son cuarenta los servicios pioneros que admiten credenciales extranjeras. Por ejemplo, existen portales que evitan que adultos irrumpan en chats entre profesores y alumnos con contenido impropio. Otro para que los empleados públicos de los distintos estados puedan acceder a las aplicaciones corporativas de la Comisión.
-Pero unificar criterios ante la variedad de lenguas y datos es todo un reto, ¿no?
-Cada una de las formas de identificación tiene sus propias características. En España hay más de 100 tipos de certificados electrónicos. Se ha definido una capa de mensajes comunes que se pueden intercambiar entre los países. Se han decidido los nombres de los campos (como la fecha de nacimiento) y el formato de los valores. Se ha acordado trabajar con las 26 letras comunes a todos los países y alguna especificación de acentos. La ñ, por ejemplo.
-¿En qué iniciativas destaca la participación española?
-En el soporte para la inscripción en el programa Erasmus. Los estudiantes pueden hacerlo desde su casa y, una vez que la Universidad admite sus credenciales, acceder a otras aplicaciones que ofrezca el centro como la biblioteca o programas de posgrado.
-¿Está operativo?
-Aquí en España hay diez universidades, coordinadas por la Conferencia de Rectores (CREU), otras seis en Estonia, tres en Portugal, una en Austria y otra en Italia. El alumno entra en el portal de la Universidad de Turín, por ejemplo, (www.polito.it) y encuentra un acceso para identificación europea.
-También hemos colaborado en el cambio de domicilio.
-Los ciudadanos residentes en el extranjero tienen obligación de mantener informados al registro civil de su propio país, por ejemplo para facilitar su participación en elecciones. El servicio de cambio de domicilio del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública genera una notificación que el ciudadano extranjero puede usar para «informar» a las autoridades de su propio país sin volver a teclear los datos.
-¿Hasta dónde se podría extender la operatividad?
-El proyecto es extensible a otras aplicaciones pioneras, como pensiones, empleo, seguridad social y registros públicos de empresas, pero no está pensado para el intercambio de datos personales entre administraciones sin el consentimiento del ciudadano.