El PSOE propone jornada laboral de 6 horas y un chip en el DNI que indique el nivel de renta

Una de las enmiendas del PSOE propone reducir la jornada laboral a 6 horas para redistribuir el trabajo entre todos, tener un chip en el DNI que indique el nivel de renta para que los más ricos paguen más por los servicios que los que tienen menos ingresos y que la pensión no se vincule a la renta para ahorrar costes laborales y para "liberar"al sistema de pagar una pensión mayor a quien "ya disfrutó de mayor salario".

Buena parte de las enmiendas en materia económica, que han presentado los militantes del PSOE a la ponencia marco que se discutirá en el Congreso socialista el próximo fin de semana en Sevilla, plantean medidas como: una política económica europea común, tasas a las transacciones financieras, la creación de un Banco Público Europeo, un Tesoro Europeo, gravar las transacciones financieras especulativas o que las rentas altas paguen más impuestos, entre otras.

No obstante, hay una enmienda que proviene de Segovia y que llama la atención por la diferencia de sus propuestas. En materia de empleo plantea que haya un "reparto del trabajo"y que éste se concrete reduciendo con carácter general --aunque puede haber "matices"-- la jornada laboral. Plantea que esta sea de 6 horas y argumenta, para ello, que aunque se lograra equilibrar la economía aún habría un desempleo estructural del 10 por ciento.

En esta enmienda también se plantea una mayor progresividad fiscal para las sociedades de inversión, las grandes forturas o los beneficios no reinvertidos.

LA ENMIENDA "AGUIRRE"

Y en este punto propone "incluir en la información contenida en el chip del documento de identidad de cada ciudadano su nivel de renta". El objetivo es que ese "DNI fuera la tarjeta única de acceso a los servicios públicos"y que se estableciesen tramos progresivos en las tasas que permitiesen el "copago ciudadano-estado"de esos servicios. Así, señala, serían de "coste 0"para los niveles de renta bajos y "hasta el 100% del coste de la prestación para las grandes fortunas". El objetivo de esta última medida va en la línea del que planteó Esperanza Aguirre el pasado lunes en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, cuando planteó que pagaran más por los servicios los que más renta tienen.

Según la enmienda socialista, "los servicios universales y gratuitos son una aspiración ideal para el supuesto de sociedades con una distribución justa de riqueza, si ello no es así y la mayor contribución a los presupuestos públicos corresponde a las rentas del trabajo, esa gratuidad supone regresividad".

La misma enmienda, que tiene varios fólios de extensión, propone una reforma de la Seguridad Social, tanto de la recaudación como de la prestación por jubilación. "La idea principal el desvincular en un alto porcentaje la cuantía de la pensión de su contribución personal a la caja de la seguridad social", expone.

En opinión del enmendante, se debe entender la jubilación como un "derecho universal"que se ha construido como "sociedad". Por ello, cree que no se debe financiar a través del salario, ni que dependa de lo aportado en función del tiempo y la cuantía. Al respecto, alega que hay que liberar al sistema de "tener que pagar pensión mayor a quien ya disfrutó de mayor salario".

"CRASO PECADO DE LESA SOLIDARIDAD!"

Debemos entender y tratar la jubilación un derecho universal que hemos construido como sociedad. No tiene sentido que se financie a través de un porcentaje del salario y dependa de lo aportado, en función de tiempo y cuantía, variables en las que influye de modo determinante situaciones de desigualdad e injusticia que, para quien las sufre, suponen además su prolongación en la jubilación.

También argumenta que uno de los lastres de la competitividad es la financión del sistema con los costes laborales, así como el "empeño"en que las prestaciones guarden la "mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización". "`Craso pecado de lesa solidaridad!", exclama el enmendante.

Su propuesta es cargar una parte del coste de la Seguridad Social sobre los presupuestos generales del Estado y, en otra parte, sobre cualquier producto que se consuma (IVA).