El chantaje de la defensa de Sortu: legalizarles supone el fin de ETA

Un día antes, los jueces escucharon los alegatos finales de Iñigo Iruin, abogado defensor, Manuel Rivero, abogado del Estado, y el fiscal Antonio Narváez. Los dos últimos coincidieron en sus conclusiones: Sortu «no ha soltado amarras con ETA», o es el «enésimo intento» de la banda terrorista de llegar a los comicios. Rivero defendió que Sortu «sabe utilizar términos claros y fuertes cuando quieren. Y cuando no quieren o no les deja ETA, no lo hacen» y destacó que es «mentira» que hayan roto con la banda.

 La defensa contrarrestó estas afirmaciones diciendo que la nueva agrupación «no es pantalla de nada ni de nadie» y que será «la herramienta eficaz» para acabar con la violencia.
El defensor de Sortu, Iñigo Iruin, señaló en el Supremo que «no se niega» que el nuevo proyecto político «nace de la izquierda abertzale», pero sostuvo que este hecho no puede bastar para desestimar su inscripción como partido porque «no es posible que nazca un partido en la izquierda abertzale sin que esté la gente de la izquierda abertzale». Según indicó no se «pretende disfrazar nada, no se quiere actuar en la trastienda». Por eso, justificó que las caras más representativas de Batasuna estaban en el palacio Euskaduna el 7 de febrero anunciando la presentación de la nueva formación política. «Fue la oficialización de la decisión de Batasuna de asumir los estatutos de Sortu y, por tanto, de que se asume el rechazo de ETA». Según la defensa de Sortu, su legalización «va a contribuir a la paz. Sortu es una herramienta eficaz para el cierre definitivo de la violencia en el País Vasco, es un ingrediente indispensable para construir un futuro sin violencia». Y defendió que su compromiso «es y será que el enfrentamiento sea sustituido por la palabra y la reconciliación y Sortu lo asume».


La etarra llevaba 48.000 euros
La presunta etarra detenida ayer en Francia, Jone Lozano, tenía en su poder 48.000 euros en metálico cuando fue arrestada de madrugada en el Departamento 36 del país galo. Las autoridades francesas se centran ahora en investigar la procedencia de ese dinero así como el uso que pretendía darle. Las primeras hipótesis sitúan el origen del dinero en el cobro de la extorsión de empresarios, si bien las fuentes consultadas han precisado que estas investigaciones apuntan a que podría tratarse de un cobro antiguo. En caso de que la banda hubiese recibido esa cantidad recientemente aumentaría las dudas en torno al alto el fuego declarado el 10 de enero que como novedad incluía el término de «general» por el que, en principio, se excluye continuar con «impuesto revolucionario», informa Ep.