Los 59 intrusos tendrán que aclarar quién los metió en la trama de los ERE

El Gobierno andaluz anunció ayer que en breve pondrá en marcha un proceso para recuperar el dinero. Lo hará a través de una comunicación con los implicados en la que se les solicitará el reintegro de las cantidades percibidas hasta la fecha. Este proceso dará origen a un periodo de alegaciones en el que los afectados expondrán el motivo de su inclusión supuestamente fraudulenta en esos ERE y la posterior resolución por parte del Ejecutivo. No actuará contra los otros 87, ya que los califica de «irregularidades administrativas» porque no trabajaron en las empresas pero sí en subcontratas o sociedades auxiliares. En esos casos esperará que exista una resolución judicial.

En las alegaciones de los intrusos pueden estar algunas claves de este proceso, ya que tendrán que desvelar por medio de quién entraron en la trama. Existe certeza de que hay nueve personas vinculadas con el PSOE; un ex concejal de IU; dos sindicalistas de UGT; las mujeres de dos altos cargos también de UGT; la esposa de Juan Lanzas, el «conseguidor», que también aparece en otras dos pólizas; la suegra del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero; y dos concuñados del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. Nada se sabe de la identidad del resto, por lo que sus explicaciones pueden abrir el círculo de implicados.

La cantidad defraudada se desconoce. Cada caso es único. Son ERE de 32 empresas y de distintos años. No se sabe la fecha exacta en la que comenzaron a cobrar ni qué cantidades y la Junta no lo ha desvelado. El Gobierno andaluz aseguró ayer que aún no ha hecho los cálculos, pero que su intención es recuperar «hasta el último euro». Sirvan algunos ejemplos: Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Baeza (Jaén) cobró 112.149,34 euros entre noviembre de 2007 y abril de 2009. En el ERE de Hitemasa hay cinco intrusos que se repartieron 710.000 euros. Algo menos se le asignó al ex delegado de Trabajo en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, que recibió una prima de 36.000 euros.


Los ERE ya pagados se investigarán si hay petición judicial
«Vamos a estar a disposición de los tribunales para cualquier otra investigación, otra documentación que se pueda recabar», dijo Moreno. La Junta no ha aclarado el número de ERE que ha financiado y la investigación interna se ha centrado sólo en los 68 que aún estaba abonando. Pero hay otros muchos que ya ha liquidado y en los que también podrían existir irregularidades. El Gobierno esperará la decisión de la jueza Mercedes Alaya.