Impunidad de Batasuna

Que Bildu se esfuerza cada vez menos en disimular su cercanía con el entorno que representan Batasuna y ETA constituye una realidad que esta semana se ha hecho más evidente que nunca. Primero, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, en la que cargos de Bildu, entre los que destacaba el diputado general Martín Garitano, reventaron la festividad de San Ignacio de Loyola al expresar su apoyo a los presos de ETA. Una provocación a la que se sumó este jueves la presencia de familiares de reclusos de la banda en el Ayuntamiento de Vitoria, tras ser invitados por la coalición abertzale. Mientras, sus líderes siguen sin condenar a ETA ni reclamar a ésta su disolución. Todos estos gestos ponen de manifiesto que, cada día que pasa, Bildu es más Batasuna, y Batasuna, según la Justicia, es una organización ilegal. Esa impunidad con la que Bildu coquetea con el entorno de la banda es, según publica hoy LA RAZÓN, la misma que parece disfrutar Batasuna desde las últimas elecciones municipales. La «Mesa Nacional» de la formación ilegalizada ha vuelto a reunirse con regularidad desde el 22-M para trazar las líneas de actuación política que han de seguir los cargos electos de Bildu en los ayuntamientos vascos y navarros. A estas reuniones asisten algunas de las cabezas más reconocibles de la formación, como Rufino Echeverría, Iñigo Iruin y Joseba Permach. Lo hacen, además, sin tomar la más mínima precaución. Y es que a pesar de que las resoluciones judiciales determinan que este tipo de encuentros son ilegales y deben ser abortados, las Fuerzas de Seguridad no tienen órdenes de intervenir. La libertad de movimientos de la que disfruta la «Mesa Nacional» de Batasuna y el envalentonamiento de Bildu constituyen los dos ingredientes de un cóctel de imprevisibles consecuencias, pero ante el que parece razonable anticiparse y actuar. Ayer, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, recordó acertadamente a este respecto que la presencia de Bildu en las instituciones es «reversible». No conviene olvidar que respaldar a los presos supone, en definitiva, avalar la violencia y los crímenes perpetrados por éstos, y que la legislación actual contempla la posibilidad de expulsar de los gobiernos municipales a esta formación si queda demostrado su vínculo con ETA. A falta de menos de cuatro meses para las elecciones generales, los dos grandes partidos políticos de España tienen la obligación de lanzar un mensaje de firmeza y estar alerta para evitar que una marca de ETA se cuele en el Parlamento. Por de pronto, Bildu ya ha movido ficha a este respecto al proponer al resto de formaciones nacionalistas, incluido el PNV, la creación de una gran coalición para el 20-N. Este ofrecimiento supone un paso más en el objetivo del mundo abertzale de consolidar su «frente institucional». Un frente que para ETA, es tan importante como sus «comandos», y que, por ejemplo, en las municipales les valió para gobernar en 123 ayuntamientos y gestionar un presupuesto cercano a los 2.300 millones de euros. Aún se está a tiempo, como recordó Rajoy, de devolver la normalidad democrática a esos ayuntamientos y de evitar que el fantasma de ETA se cuele en noviembre en la sede de la soberanía de todos los españoles.