Las comunidades autónomas esperan una propuesta concreta para acogerse al ICO

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la "interpretación fraudulenta"del Gobierno del acuerdo de financiación, al entender que pide a las autonomías que financien al Ejecutivo central al negar el reparto de los fondos previstos en el modelo. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, también ha sido muy dura y ha dicho que parecería "de risa"si no fuera "absolutamente patético"que el Gobierno repartiera unos sobres "como si fuese aguinaldo"con la financiación de cada comunidad.

Algunas de las comunidades gobernadas por el PP, como Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia o Madrid, han insistido en que lo mejor para solucionar la falta de liquidez es el aplazamiento a diez años de la deuda de 2008 y 2009, que asciende en conjunto a más de 24.000 millones de euros. El Gobierno de Cantabria estudiará la propuesta del ICO, aunque cree que faltan "muchos datos", como el tipo de interés y otras condiciones. Respecto a la regla de gasto, Cantabria se remitirá al modelo que se apruebe en el grupo de trabajo y ha declinado opinar sobre la devolución de competencias.

La Comunitat Valenciana considera de "sentido común"la propuesta de Murcia si no se garantiza una financiación adecuada; critica que el Gobierno no reparta el dinero del Fondo de Competitividad y ve "muy positiva"la posibilidad de disponer de nuevas líneas del ICO. Sin embargo, la Junta de Castilla y León, que la califica de "improvisada", esperará a conocer las condiciones para decidir qué hacer. Al Gobierno regional no se le "pasa por la imaginación"renunciar a alguna competencia. La Rioja, que presentará en el Parlamento regional un proyecto de ley de techo de gasto no financiero antes de finalizar 2011, está abierto a acogerse al ICO, aunque dependerá de las condiciones y no se plantea devolver competencias.

Cataluña ha indicado que acudirá a cualquier línea de crédito si las condiciones "son buenas", al igual que hará Canarias, mientras que Castilla-La Mancha entiende que entre los fines del ICO no está el planteado por el CPFF, aunque estudiará si acogerse a ella. En cuanto a la regla de gasto, Castilla-La Mancha se atendrá al calendario, ya que la región trabaja en la contención del gasto y la racionalización de recursos. Desde Aragón se apuesta por elaborar una ley de gasto y apoya la línea de crédito del ICO, en tanto que Galicia considera que es los mismo que acudir a otro banco o caja.

En cuanto a las competencias, Madrid "se conformaría"con mantener Sanidad, Educación, Transporte y Atención a la Dependencia y cedería las demás "siempre y cuando alguien las asumiera", sobre todo la Justicia. Tampoco ve clara la opción ICO y opina que el Gobierno quiere "hacer negocio"a costa de las comunidades, que han perdido ingresos por culpa de las "estimaciones de crecimiento económico falsas"del Ejecutivo central. Andalucía cree que lo que hay que hacer es un "bloque compacto"como país, defendiendo la política de consolidación fiscal y contra la especulación de los mercados financieros.

En cuanto a la regla de gasto, afirma que no es lo mismo una autonomía, como la andaluza, "que ha cumplido con la Ley de Dependencia"que otras que no lo han hecho. El País Vasco y Navarra no se acogerán a los créditos del ICO, al ser solo para las autonomías de régimen común. Respecto a la regla de gasto, Euskadi considera positiva esa fórmula para controlar los límites de gasto, pero señala que en estos momentos hay un abanico muy amplio de posibilidades. En relación a la posibilidad de devolver competencias, cree que "no tiene ni pies ni cabeza"y es "una falta de responsabilidad".

Navarra lamenta que el CPFF no cerrara los criterios de la futura regla de gasto, ya que teme que en septiembre no se pueda llegar a un acuerdo por "las circunstancias políticas". Es optimista ante la posibilidad de que se atiendan sus planteamientos y se vincule el gasto al crecimiento del PIB autonómico y crear "un fondo de reserva"cuando se pueda para que "ese excedente"se aplique en un nuevo periodo de crisis. Descarta devolver competencias al Estado, aunque indica que "no tener dinero en la caja"es "un problema coyuntural que tienen muchas comunidades" que "se están dando cuenta de que las competencias cuestan mucho dinero y costaban mucho menos cuando las tenía el Estado".