El fiscal pide 8 años de inhabilitación para los ediles de Torrejón

El juicio por presunta prevaricación contra los concejales de la Corporación municipal de Torrejón de Ardoz del año 2001 por el convenio con Patrimonio Siglo XXI ha quedado visto para sentencia. La ex alcaldesa del municipio, Trinidad Rollán, ha afirmado que su voto fue "honesto, en conciencia"y estando "convencida"de que "era legal"y de que estaba cumpliendo con sus "obligaciones".

"En ningún momento tuve conocimiento del informe del secretario", ha explicado Rollán. "Cuando se celebra el Pleno (en que se aprobó el convenio), ellos (los concejales de PSOE y PADE) conocían el informe del señor del secretario y sus consideraciones, explícitas y contundentes respecto a la ilegalidad (de dicho convenio). Lo conocían ellos y también el resto de los concejales. Aquí no se puede hablar de disciplina de voto, asumen unas responsabilidades como concejales y tienen que saber sobre lo que votan", ha dicho el fiscal. Asimismo, ha dicho que el informe del secretario "estaba el día 23 y estuvo a disposición de los concejales".

n este sentido, también se ha referido al acta del Pleno. "Como ahora podemos manejar el acta, es muy ilustrativa también. El señor concejal de Urbanismo habla de que independientemente de la legalidad, 'bla, bla, bla'... luego se había debatido acerca de la legalidad", ha incidido. También ha subrayado que desconoce "quién redactó el convenio"y que cree que "vino desde fuera". Según su intuición, "había una estrategia del señor Rojas y de la alcaldesa de que tenía que aprobarse por encima de todo".

Ruiz de Alegría ha asegurado que "no se puede decir si el convenio fue la opción que resultó más beneficiosa"para la localidad de Torrejón de Ardoz y ha puesto de manifiesto "el cambio de estrategias"por parte de la defensa.

"Absoluta legalidad"
Por su parte, la secretaria de Organización del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, ha manifestado, en su turno de última palabra ante el juez, que su voto fue "honesto". Según ha explicado, cuando votó a favor del convenio "estaba convencida de la absoluta legalidad"ya que contaba con el "informe de la abogada de Urbanismo, que planteaba su legalidad". "En ningún momento tuve conciencia del informe del secretario", ha dicho.

"No estaba en el expediente en su momento, no se nos remitió por escrito, y lo que me parece más grave es que en un Pleno en el que se iba a someter a votación, el secratario no tamara la palabra y nos avisara. Esta actitud nos ha dejado a todos los concejales en absoluta indefensión", ha insistido. Rollán ha dicho perseguí defender los intereses económicos del Ayuntamiento y el "bienestar de los vecinos".

Para Rollán, a lo largo del proceso han quedado cosas claras, como "informes contradictorios". Además, ha hecho hincapié en el testimonio del abogado que llevaba la asesoría jurídica de la Asociación Provivienda social y que mostró "la situación real que se producía en el municipio con todas estas familias, sus prisas trasladadas al Ayuntamiento y a la Corporación municipal para no perder su subvención". "La pena pública a la que se nos ha sometido quedará para siempre, pero estoy convencida de que los que estamos aquí sentados no merecemos otra pena porque somos inocentes", ha concluido.

"Se me está juzgando por el fallo de un solo día"
También ha tomado la palabra el ex edil de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, que ha reiterado su "absoluto desconocimiento"del informe y su "convicción"de que los ediles hicieron lo "mejor". "Tengo la impresión de que se me está juzgando a mí y a mis compañeros por el fallo de un sólo día cuando alguien ha tenido dos meses para evitarlo", ha dicho. "En el resto de parcelas de esta unidad de ejecución de mancha amarilla, las que quedaron sin edificar propiedad del Ayuntamiento, hoy, el Grupo Municipal del PP, está realizando viviendas de protección pública", ha añadido Rojas.

Por su parte, el abogado del PSM, Wilfredo Jurado, ha anunciado que va a solicitar la "libre absolución por no ser los hechos constitutivos de delito alguno tal y como ha quedado demostrado"en el juicio que se celebra desde este martes. Jurado ha contrapuesto los dos informes que se han manejado en el Plenario. "Un informe claro y realizado por una funcionaria experta en derecho urbanístico que estuvo desde el inicio"y "un informe ilegible, chapucero, farragoso y con ánimo de venganza", ha dicho.

"Es razonable que habiendo podido elegir, lo hubieran hecho por el primero, pero es que, además, el segundo no pudo ser visto", ha añadido Jurado. "Los acusados no tuvieron conocimiento de la existencia del informe del secretario ni mucho menos el de interventor", ha añadido el abogado, que ha apostado también por "poner en valor tanto los informes de la abogada funcionaria como los del arquitecto". Además, ha subrayado que "el secretario hizo el informe porque se sintió molesto por la alusión a su trabajo en el acta".

"Una intromisión ajena al procedimiento"
También el abogado de Trinidad Rollán, Antonio González Ubeda, ha puesto de manifiesto las "gravísimas irregularidades en la tramitación del expediente"y se ha referido también a la "incorporación tardía"del acta del Pleno del 26 de noviembre, en el que se aprobó este convenio. "Entendemos que la sala había acordado su desglose y devolución al ser una prueba que nadie había propuesto. Suponemos que ha habido una intromisión ajena al procedimiento cuando la Sala acordó de oficio incluir ese acta en el procedimiento. No se puede proponer una prueba que podría resultar incriminatoria", ha anticipado.

Por eso, González Ubeda ha avisado de que esperará a ver la sentencia "para ver si el límite en el que el Tribunal podría haber incorporado este acta es su imparcialidad, puesto que "no podrá, y esto es importante, interpretar el acta de una forma inculpatoria"para sus defendidos, porque en este caso se produciría, desde su punto de vista, "una nulidad absoluta"del procedimiento.

El abogado de la defensa de Martín Rojas y otros concejales, Alberto Jabonero, ha manifestado que "habrá que valorar si lo que se ha incorporado es un documento y si es incriminatorio". Jabonero, se ha referido al hecho de si los concejales sabían o no que se podía estar cometiendo una ilegalidad. "En el Pleno, ¿existió debate al respecto? Pues probablemente hubo debate, pero en el marco del discurso porque el secretario, teniendo la obligación legal de intervenir, no lo hizo, y él sabrá por qué", ha incidido.

En este dentido, el letrado y también imputado Julián López Jiménez ha señalado que "mal debe andar el Fiscal de argumentos cuando ha dedicado 3 minutos a hablar del cambio de estrategia"de la defensa y ha añadido que el caso "podría llevar archivado 2 años, si no hubiera sido porque una compañera acusada es diputada autonómica y en consecuencia hubo de venir a la competencia de este Tribunal". Además, ha recordado que el convenio supuso un importante "beneficio"para el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.