Díaz Ferrán culpa a la IATA y a los jueces ingleses de la asfixia de Marsans

El expresidente de la CEOE ha declarado hoy como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito continuado de apropiación indebida de 4,43 millones de euros procedentes de los consumidores del grupo turístico por los viajes y servicios contratados.

Durante su declaración, que ha comenzado a las 10:00 horas y ha durado aproximadamente una hora, Díaz Ferrán ha subrayado que fue su socio Gonzalo Pascual, también imputado en la causa, el encargado de tomar todas las decisiones ejecutivas relacionadas con la agencia de viajes, según indicaron fuentes jurídicas.

En este sentido, Díaz Ferrán ha indicado que él no estaba en el "día a día"de las gestiones financieras de la compañía y que sus responsabilidades se centraban, fundamentalmente, en las decisiones relacionadas con el transporte aéreo.

Asimismo, ha explicado que la quiebra de la compañía se debió a causas externas, entre ellas, al aval que le exigió en la primavera de 2010 la IATA para poder seguir emitiendo billetes y a la decisión que adoptó en 2009 un juez inglés, a instancias de Nord Bank, decretando el embargo de aviones de la aerolínea del grupo Air Comet, actualmente en liquidación.

El 20 de abril de 2010 la IATA retiró a Marsans la licencia para vender billetes aéreos y le exigió un aval de 20 millones de euros (24,6 millones de dólares) por recuperarla, aunque la compañía y otras filiales del grupo siguieron gestionando los viajes de sus clientes.

En su opinión, indicaron las mismas fuentes, estos acontecimientos motivaron las desconfianza de los proveedores y la "asfixia"financiera.

Díaz Ferrán, que no ha querido hacer declaraciones tras la vista, ha estado asistido por su abogado Manuel Ollé, abogado penalista experto en derechos humanos, que asistió también al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas.

El pasado 3 de febrero el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía al entender que los elementos esgrimidos en ella podían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida y citó a declarar como imputados a los antiguos dueños de Marsans, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y al ex director general de la empresa Iván Losada.

En la querella, el fiscal Daniel Campo señalaba que a finales de 2009 las sociedades de Marsans dejaron de abonar a los mayoristas las cantidades recibidas de los clientes y los responsables entonces destinaron los fondos obtenidos a compañías vinculadas con los antiguos y nuevos propietarios de la firma (Posibilitum), lo que dejó al menos 4.706 afectados.

Díaz Ferrán y Pascual vendieron sus empresas a la sociedad Posibilitum Business, dirigida por Ángel de Cabo, que se ha hecho también con el control de Nueva Rumasa, justo antes de que fueran declaradas en concurso de acreedores en junio de 2010.

En el marco del proceso, y tras haber prestado declaración como imputados Díaz Ferrán, Pascual y Losada, director general de Posibilitum, están llamados a declarar mañana en la Audiencia Nacional en calidad de testigos el que fuera director corporativo de Interinvest (Marsans), Vicente Muñoz, y Rosario Gil, que dirigía entonces el Departamento de Auditoría Interna de Viajes Marsans.

Los antiguos gestores del grupo turístico se enfrentan a varias querellas por su presunta mala gestión al frente del conglomerado y a otros procesos penales por supuesta apropiación indebida de fondos y estafa.