Castilla y León
Nuevos pasos para que el Parque de Guadarrama sea una realidad
La vicepresidenta destaca que permitirá promover su uso público y disfrute y fomentar la investigación científica.
Segovia- El Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama está más cerca de ser una realidad. Para ello luchan denodadamente las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid. Así lo destacó la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, durante la presentación en Segovia de la propuesta de esta declaración impulsada por ambos territorios.
En este sentido, señaló que el objetivo de la iniciativa es «conserva la integridad de los valores naturales de ecosistemas representativos en la zona, que van desde pastizales de alta montaña a bosques de pinos, hayas o abedules, pasando por humedales, bosques de ribera o lagunas de alta montaña».
María Jesús Ruiz indicó que el Parque «permitirá ordenar racionalmente los usos y aprovechamientos económicos y promover su uso público y disfrute, así como fomentar la investigación científica y mejorar el desarrollo sostenible de los pueblos vinculados, preservando las formas de vida tradicionales compatibles con la conservación».
Medidas de protección
La propuesta implica la entrada en vigor de las medidas de protección del espacio natural, con el fin de evitar actos sobre el entorno que puedan dificultar la consecución de los objetivos de la declaración.
El trabajo realizado por ambas comunidades autónomas ha permitido determinar la existencia de un ámbito territorial de 32.199 hectáreas en la Sierra de Guadarrama que cumplen plenamente los requisitos para acceder a la declaración de Parque Nacional, que afectan a un total de 28 municipios, dieciséis de Segovia y doce de Madrid.
La vicepresidenta explicó que el proyecto «no establece una nueva regulación de usos y aprovechamientos en este entorno, remitiéndose a lo establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en el ámbito de la zona de Uso Limitado de Cumbres».
De este modo, precisó que la declaración prohíbe la pesca deportiva y recreativa, la caza y la tala de árboles con fines comerciales, pero «permite los aprovechamientos compatibles que se apoyan en derechos consolidados y constituyen una aportación reconocida de valores que no alteran los procesos naturales».
El documento se encuentra en periodo de información desde el pasado 30 de julio y se puede hacer alegaciones durante tres meses.
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