El Gobierno obliga a las rescatadas a reducir empresas públicas y sueldos

MADRID- Las comunidades se resisten a llamarlo rescate o intervención, pero su situación y la solución a su asfixia económica guarda muchas similitudes con la de otros países europeos que han tenido que pedir ayuda a Bruselas para sobrevivir financieramente. No hay precedente y nunca hasta ahora el Gobierno de la Nación ha tenido hasta tal punto en sus manos las decisiones presupuestarias y el control del gasto autonómico.

Todavía está por definir la concreción exacta de la aplicación del fondo de liquidez regional, pero desde el Gobierno ya anticipan que se sentarán a negociar con cada comunidad que lo solicite y que la condicionalidad será distinta para cada una de ellas, en función de sus propias debilidades presupuestarias o de sus mayores desajustes en comparación con el conjunto. Tampoco está cerrado cómo se escenificará en público la firma de ese «contrato», pero lo habrá, a la manera del memorándum que ha suscrito España para acceder al rescate financiero.

En esa letra pequeña, y según la realidad de la comunidad «rescatada», entre las exigencias puede estar el cierre obligado de empresas públicas; la reordenación de algunos capítulos de gasto; la reducción de sueldos en el caso de que dentro de sus empleados públicos haya algunos en situación ventajosa con respecto a la media nacional; el ajuste de las prestaciones que se ofrecen al gasto del que se dispone, priorizando los servicios esenciales, e incluso el recorte también de la «grasa» administrativa. En las próximas semanas empezará a concretarse la aplicación del fondo de liquidez, sin que esto afecte, por otra parte, al examen en curso sobre el cumplimiento de los planes de ajuste de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Como informó este periódico, las ocho comunidades marcadas en rojo por el Gobierno, por distintos motivos y distintos incumplimientos o falta de explicaciones, fueron Andalucía, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia y La Rioja. Hacienda ha mantenido reuniones bilaterales con todas y todavía no se descarta oficialmente que pueda iniciarse contra alguna de ellas el proceso de sanciones que establece la Ley de Estabilidad. Montoro dijo hace una semana que la negociación iba bien, con la puntualización de que aún quedaban cuestiones por aclarar. En su calendario, el Gobierno había marcado de antemano este viernes y el siguiente como posibles fechas parar elevar informe al Consejo de Ministros, de haber comunidades que siguieran sin demostrar un cumplimiento de su plan de ajuste que eliminase las dudas sobre que llegarán a fin de año con un déficit del 1,5%.

La sensación de que el Gobierno da una de cal y otra de arena en clave autonómica está en buena medida condicionada por la también titubeante reacción de los mercados. Por un lado, Bruselas y los inversores exigen «mano dura» con el gasto regional, pero noticias como la confirmación por parte de Valencia de que pedía el rescate han echado leña al fuego de la prima de riesgo. Dentro del Ejecutivo hay quienes sostienen que la credibilidad sobre esa «mano dura» sólo la traerá la oficialización, sin matices, de la intervención de una autonomía. Otros, sin embargo, creen que eso asustaría aún más a los mercados.