Voto de confianza

La diferencia de más de 2,2 millones de votos a favor del Partido Popular en las últimas elecciones del 22-M significó un vuelco abrumador en el poder municipal de la nación. Ese cambio quedó plasmado ayer en la constitución de los 8.116 ayuntamientos del país; entre ellos el PP asumió dos tercios de las capitales de provincia –34– . Los populares no sólo retuvieron y reforzaron sus gobiernos, sino que asaltaron consistorios que hasta hace unos años parecían inexpugnables. La Coruña, Sevilla, Córdoba, Vitoria o el denominado «cinturón rojo» de la Comunidad de Madrid fueron sólo algunos de los muchos ejemplos de esa catarsis que representó el 22-M. La jornada hizo también visible la debacle del PSOE en las urnas. Los socialistas retuvieron una ínfima parte de sus gobiernos locales –sólo nueve capitales de provincia– y en buena parte de los casos fue posible gracias a alianzas con otros grupos, que tendrán en sus manos la gobernabilidad. Resulta insólito que una derrota de tal magnitud no haya tenido consecuencias internas. De hecho, la mayoría de sus protagonistas han pasado página rápidamente y han eludido asumir responsabilidades. Más allá de especificidades y coyunturas locales, los españoles refrendaron el estilo de gestión de los asuntos públicos representado por el PP y, por consiguiente, castigaron y se desmarcaron de la política socialista.

Para los nuevos ayuntamientos queda por delante un trabajo hercúleo, con decisiones dolorosas que deberán ser explicadas y razonadas con todo detalle a la opinión pública. Existe también una obligación moral y política de un ejercicio transparente de la administración que conlleva el deber de levantar las alfombras. Los ciudadanos no consentirán otra forma de proceder, porque entienden, con razón, que tienen el derecho a conocer en qué estado se encuentra el erario público y qué consecuencias se derivarán de esa situación. Aunque es cierto que la deuda oculta de los ayuntamientos socialistas que ha comenzado a aflorar es más que preocupante, sería más grave ocultarla o relativizarla. La confianza de la gente y de los mercados sólo se puede lograr desde la certidumbre y no mediante el engaño. En este sentido, el compromiso por la transparencia pública de Mariano Rajoy ha sido una señal muy positiva, como lo han sido las líneas generales que definirán los gobiernos populares: «Ser austeros, reducir el gasto corriente, respetar y cuidar el dinero de los contribuyentes y ser ejemplares en el ejercicio de su actividad política». Con una prioridad por encima de las demás: la creación de empleo. O lo que es igual, una enmienda a la totalidad a lo que han representado las políticas socialistas.

El abrumador mapa político municipal demuestra que los españoles quieren al Partido Popular en el Gobierno de la Nación. No cabe otra interpretación de unos resultados tan contundentes. El PSOE se aferra al poder contra la voluntad popular en una dinámica que no sólo empeorará sus expectativas particulares, al contrario de lo que creen, sino que dificultará aún más la recuperación de un país que no está en condiciones de perder un día más.