OPINIÓN: Un poco de historia

El constitucionalismo moderno, es decir, la existencia de normas avaladas por los partidos con posibilidades de llegar al gobierno y refrendadas por los que sustentan la soberanía popular, arranca de la desgraciada experiencia del nazismo, cuando, en nombre de una victoria electoral, el gobernante se arroga la voluntad del pueblo y se permite hacer lo que quiere, incluso desobedecer las resoluciones judiciales.
Unas de las bases del constitucionalismo es el sometimiento del poder ejecutivo al principio de legalidad, es decir, al dictado de los tribunales.
El poder legislativo tiene la posibilidad de cambiar las leyes, pero la interpretación de las mismas corresponde a los jueces y su desobediencia constituye un delito.
Estas son las reglas del juego, si no gustan se cambian mediante las reformas pertinentes porque toda Constitución tiene un mecanismo reformador. Pero lo que sí que está claro es que nadie puede unilateralmente colocarse por encima de la ley y de las interpretaciones judiciales por diferentes que sean las razones que alegue.
Así la persona que es condenada debe cumplir, aunque se siga considerando inocente, igual que las instituciones públicas o privadas a las que se obliga a algo deben realizarlo.
Si una autoridad es la primera que desobedece las resoluciones judiciales está legitimando cualquier desobediencia en la sociedad, es decir, está avalando el caos.