El futuro de las cajas

La reestructuración del sistema financiero es una de las reformas estructurales imprescindibles. Pero cuando ese proceso acumula tres intervenciones del Gobierno en un año, más que garantizar la solidez del sistema, se genera desconfianza dentro y fuera de nuestras fronteras. El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes el decreto-ley del Plan de Reforzamiento del Sistema Financiero, que pretende inyectar una solvencia excepcional al sector. A diferencia de las anteriores actuaciones, esta última reforma ha generado críticas de las cajas y de los grupos políticos, como el PP y CiU, que ya han anunciado que no están dispuestos a respaldar la convalidación del decreto si no hay cambios sustanciales en el texto conocido. A ninguno de ellos les satisfacen las grandes líneas del proyecto del Gobierno, que imponen con carácter general a las entidades un mínimo de capital de máxima calidad («core capital») del 8%, y del 10% en el caso de las cajas sin capital privado. O lo que es igual, se critica la diferencia y el agravio entre las condiciones para los bancos y las cajas, a las que se les exigen límites de capitalización más duros. La excusa del Gobierno es que la propia naturaleza jurídica de las cajas, sin propietarios identificados, así como la reciente reestructuración a través de las confusas fusiones frías, han configurado un escenario de duda sobre ellas, en particular en los mercados exteriores. Aunque esa percepción fuera cierta, el hecho de que se cambien las reglas de juego en detrimento de un sector fundamental de nuestro sistema financiero es algo que no se justifica fácilmente. Este trato desigual puede hacer pensar que el Gobierno juega a favor de que se pesque en este río revuelto. Que el Gobierno establezca también plazos cortos, sea septiembre o diciembre, para cubrir las necesidades de capitalización obligará a muchas cajas a la nacionalización con la entrada de dinero público del FROB para alcanzar el capital requerido. La conversión en bancos para atraer inversión privada ha sido una opción de algunas entidades, pero no supone una solución global. El decreto es un punto de desencuentro, lo que no es admisible cuando se aborda un asunto de este calado. La reforma del sector financiero demanda un consenso político suficiente como lo tuvieron las anteriores y en este caso no se da. Poner contra las cuerdas a las entidades con la enésima vuelta de tuerca regulatoria sin más salida factible que la nacionalización a costa del erario público provocará perjuicios notables, porque se restringirá el crédito a las familias y a las pymes, se resentirá el crecimiento y se aumentará la deuda del Estado, lastrado además con todo el riesgo de esas entidades.
La prioridad actual para las entidades financieras debe ser la de sanear sus balances, porque tienen instrumentos y capacidad para ello, que sería además una forma de asumir la responsabilidad por los errores en la gestión. Y después, buscar la capitalización privada necesaria sin nuevas cargas para el Estado. Sólo así podrá fluir un crédito saludable, que incentive la actividad y alimente la recuperación. Y todo ello con la debida transparencia y consenso.