Sin alternativa al PP

El barómetro de opinión pública del CIS, correspondiente al pasado mes de julio, refleja el lógico desgaste que está sufriendo el Partido Popular ante una acción de gobierno plagada de dificultades, pero, también –y es lo más significativo– que ninguna otra formación política es vista por la mayoría de los españoles como capaz de relevar al actual Ejecutivo en la lucha contra la crisis. De hecho, de celebrarse hoy las elecciones, los populares las ganarían con una ventaja de casi siete puntos sobre el principal partido de la oposición. En ello influye, sin duda, otro factor importante que refleja el Centro de Investigaciones Sociológicas: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene el apoyo cerrado de la inmensa mayoría de sus votantes, mientras que al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sólo le respalda un tercio de quienes le votaron en noviembre de 2011. Esto no quiere decir que los españoles no sean muy críticos con la actual situación económica y con las medidas de ajuste que se ha visto obligado a tomar el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, rechazan la actitud de la oposición, hasta el punto de que Izquierda Unida y el PSOE apenas ganan un punto en la intención de voto. No parece que a base de declaraciones demagógicas y llamadas a tomar las calles vayan a mejorar sus expectativas. Entre otras cuestiones, porque el sondeo de julio confirma que los ciudadanos son muy conscientes de la gravedad del momento y, en un alto porcentaje, exigen medidas que vayan más allá de los simples ajustes y que afecten a la racionalización de la estructura del Estado. En este sentido, es preocupante que casi un 40 por ciento de los encuestados sean partidarios de la vuelta a un Estado centralista (el 21,9 %) o de la reducción de las competencias autonómicas (el 17,1 %). Es algo que debe hacer reflexionar a los políticos sobre su responsabilidad en el creciente descrédito del sistema autonómico español, algo muy grave y que puede ser causa de desestabilización social. Porque el problema no está en la estructura del Estado, consagrada en la Constitución española, sino en cómo se han gestionado las comunidades autónomas en los 30 años transcurridos, convirtiendo la deseable descentralización en una copia milimétrica del Estado central, pero multiplicado por diecisiete. Con la crisis en su punto más crítico, es difícil llevar al ánimo de muchos votantes la imprescindible distinción entre el modelo autonómico que vertebra España y las negligencias de su gestión. Es, pues, de la máxima importancia que los representantes autonómicos se afanen en la reducción de sus respectivos déficits y en la racionalización de sus administraciones, en muchos casos desmesuradas. Si no, veremos crecer la desafección hacia un modelo que ha sido esencial en la convivencia.