Sevilla

Facua insta a pedir alojamiento y comida por la espera de vuelos retrasados

Las denuncias en el caso de que las compañías aéreas no cumplan sus obligaciones deben hacerse ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) del Ministerio de Fomento.

Facua-Consumidores en Acción ha instado hoy a los afectados por retrasos de vuelos a consecuencia de la nube de ceniza provocada por el volcán de Islandia a denunciar a las compañías aéreas si no les dan alojamiento y comida o, en caso de cancelación, si no les devuelven el importe íntegro del billete.

Las denuncias en el caso de que las compañías aéreas no cumplan sus obligaciones deben hacerse ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) del Ministerio de Fomento, ha informado Facua en un comunicado.

Asimismo, la organización de consumidores demanda a Fomento sanciones "ejemplarizantes"a las aerolíneas que vulneren el reglamento europeo, como ha ocurrido en Italia, donde han multado con tres millones de euros a Ryanair por haber incumplido sus obligaciones legales de asistencia a los pasajeros.

Facua recomienda a los afectados que si no van a volar, deben reclamar a las compañías el reembolso del precio íntegro de sus billetes, incluidos suplementos, recargos y tasas.

Por otra parte, los usuarios que vayan a esperar vuelos alternativos cuando vuelva a abrirse el tráfico aéreo en las zonas afectadas tienen derecho a recibir comida, bebida y alojamiento durante la espera si es necesario, subraya Facua.

En el caso de que la compañía aérea no informe a los usuarios de este derecho, se deben conservar las facturas de los alimentos y bebidas que compren, así como de los hoteles donde se pernocte, para reclamar su importe.

Si los billetes no fueron contratados por separado, sino dentro de paquetes turísticos con agencias de viajes, las reclamaciones pueden cursarse directamente a estas empresas, precisa la organización de consumidores. En el caso de cancelaciones por causa de fuerza mayor, los usuarios no pueden exigir el abono de las compensaciones de entre 125 y 600 euros que fija la normativa comunitaria, concluye Facua.