El Gobierno recurre ante el TC la norma catalana sobre los establecimientos comerciales

Según ha informado el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros, se va a interponer un recurso contra el artículo 114 de la norma catalana por "vulnerar"los criterios contenidos en las leyes de Ordenación Minorista y de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.

El Ejecutivo recuerda que este artículo modifica el decreto catalán de ordenación de equipamientos comerciales, de forma que "contempla ahora restricciones a la implantación de establecimientos comerciales fuera de tramas urbanas consolidadas, en perjuicio de determinados formatos comerciales, que no se consideran compatibles con la normativa estatal".

Este precepto fija que los medianos establecimientos comerciales y los grandes establecimientos sólo pueden implantarse en la trama urbana consolidada de los municipios de más de 5.000 habitantes o asimilables a éstos o que sean capital de comarca.

Según la norma, excepcionalmente, estos establecimientos pueden implantarse también fuera de la trama urbana consolidada si la implantación se produce dentro de las zonas de acceso restringido de las estaciones de algunas líneas ferroviarias, de puertos de interés general y de los aeropuertos comerciales.

Además, fija el artículo que los grandes establecimientos comerciales territoriales pueden implantarse únicamente en la trama urbana consolidada de los municipios de más de 50.000 habitantes o los asimilables a éstos o que sean capital de comarca.

"La impugnación que ahora se insta se fundamenta en la vulneración de la normativa básica del Estado", recuerda el Gobierno, que explica que el Tribunal Constitucional "ya ha tenido ocasión de pronunciarse"sobre la aplicación de la normativa estatal en el caso de los establecimientos comerciales.

De hecho, añade el Gobierno, la normativa catalana que se impugna vuelve a establecer "criterios que determinaron ya una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Reino de España".

Agrega el Ejecutivo que el Constitucional afirma que, tanto los criterios para el otorgamiento de la licencia de instalación, como los requisitos mínimos que los grandes establecimientos deben cumplir, han de tener carácter mínimo y uniforme para todo el territorio