Audiencia Nacional

El juez «progresista» discrepante tacha de «lamentable» el aval a Bildu

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que permite la presencia de Bildu el 22-M ha echado más leña al fuego a las ya de por sí tirantes relaciones entre el máximo garante de la Constitución y el Tribunal Supremo (TS).

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En la resolución, notificada ayer, los seis magistrados «progresistas» que respaldan el fallo reprochan al TS que dejase fuera de la carrera electoral a Bildu con una «simple sospecha» (sus vínculos con ETA/Batasuna denunciados en los informes policiales) que, subrayan, «no puede constituirse en argumento jurídico aceptable». Esos «controles preventivos», añaden, ponen «en riesgo» el Estado constitucional y resultan, en todo caso, desproporcionados, habida cuenta que la reforma de la ley electoral permite actuar a posteriori contra las listas bajo sospecha (algo que no sucedía hace cuatro años).

Tras desvirtuar uno a uno los indicios enarbolados por Abogacía del Estado y Fiscalía contra la coalición, el TC continúa con su lista de agravios y afea a los magistrados del TS que hayan «despachado» sin más la condena al terrorismo de los candidatos de Bildu como una simulación. Y argumentan que si EA y Alternatiba, partidos «contrarios al terrorismo», han incluido en sus listas a «independientes» puede presumirse que éstos no están sometidos a ETA.

Su conclusión es diáfana: «No existen elementos que acrediten la existencia de vínculos» entre ETA y Batasuna y Bildu. Incluso, recuerdan al Tribunal Supremo que la izquierda abertzale no es sinónimo de ETA y que como corriente política «no está proscrita» ni puede estarlo en nuestro ordenamiento.Los magistrados discrepantes no piensan lo mismo y consideran fraudulenta la candidatura de Bildu por ser un instrumento de Batasuna. Además, coinciden en denunciar que el TC se ha extralimitado al actuar como una segunda instancia. Estos son los principales argumentos de los cinco votos particulares:

Manuel Aragón
El suyo es, sin duda, el más contundente de los votos particulares emitidos. Manuel Aragón, el único magistrado «progresista» que no avaló la presencia de Bildu en las urnas, hace hincapié en que el Tribunal Supremo no basó su sentencia en una «mera sospecha», como sostienen sus compañeros, un reproche que juzga «impropio» y «lamentable». Del mismo modo, ve gratuita la afirmación de que ese «control previo» del Supremo ponga en riesgo el Estado Constitucional.

Aragón insiste en que la condena de la violencia de Bildu responde a un «plan preconcebido» de ETA/Batasuna. Incluso añade que tanto EA como Alternatiba eran «plenamente conscientes» de la instrumentalización de la coalición por la banda terrorista, por lo que actuaron como «cooperadores necesarios». Además, apunta que Bildu cumplió «al pie de la letra» el documento Herri Akordioa incautado a ETA, en el que se sustanciaba el reparto de los puestos de las distintas listas. El magistrado cree que el Estadotenía la «ineludible obligación» de actuar contra el «engaño» de Bildu y mantiene que el TC se ha extralimitado al valorar de nuevo los indicios contra la coalición.

Ramón Rodríguez Arribas
Para este magistrado el TC ha actuado en esta ocasión como «una suerte de super-casación» al revisar de nuevo toda la prueba ya valorada por el Supremo. Además, censura que se hayan desvirtuado uno a uno los diferentes indicios contra Bildu sin examinarlos en su conjunto. «Quienes van a cometer un fraude no acuden al notario ni se exponen a ser fotografiados», recalca de forma expresiva.

Rodríguez Arribas destaca el «meritorio» trabajo de las Fuerzas de Seguridad ante la creciente dificultad para desenmascarar los planes electorales de ETA, que desde la ilegalización de Batasuna en 2003 «ha intentado sin descanso» acceder a las instituciones. Para el magistrado «conservador» también resulta «excesivo» que el TC califique de meras sospechas el conjunto de pruebas existentes contra Bildu.

Tras resaltar el «acusado déficit democrático» de la coalición a la hora de elaborar sus listas electorales, Rodríguez Arribas asegura que la posibilidad legal de actuar contra sus candidatos a posteriori (tras la reforma de la Ley Electoral) no puede desvirtuar «los indicios que abonan la necesidad de salir ya al paso de la maniobra defraudatoria».

Javier Delgado
Para el magistrado Javier Delgado la sentencia del Tribunal Supremo que apeaba a Bildu de la carrera electoral, cuyos razonamientos considera «impecables», «en modo alguno» vulneró el derecho fundamental de Bildu acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad dado que la coalición es «continuadora» de la ilegalizada Batasuna. En su opinión, la fórmula utilizada por Bildu para rechazar la violencia «omite cualquier expresión de condena específica del terrorismo de ETA». Un hecho, añade, que contrasta con el dato de que, antes de formar parte de la coalición, EA condenaba «expresamente» la violencia de ETA «pidiendo expresamente su disolución».

Francisco José Hernando
El ex presidente del Tribunal Supremo no entiende que Bildu le recusara (porque presidía el Alto Tribunal cuando éste ilegalizó a Batasuna en 2003) si la coalición es «ajena a toda vinculación con ETA-Batasuna». Hernando se queja de que el Supremo y el TC deban pronunciarse con tan poco tiempo, lo que «provoca estupefacción en los ciudadanos» y resulta, dice, «verdaderamente perturbador». Por lo demás, coincide con sus compañeros discrepantes en que las condenas de la violencia «han sido recomendadas por la propia ETA» y recuerda a la mayoría que los indicios sólo cobran sentido cuando «se valoran en su conjunto».

Francisco Pérez de los Cobos
A De los Cobos le bastan poco más de dos folios para denunciar el «exceso de jurisdicción» del TC al realizar un «análisis fragmentario» de los indicios utilizados por el Supremo contra Bildu que supone, se queja, una revisión de los hechos tenidos por probados por la Sala del 61 del TS.