Sólo nueve años de cárcel por 101 abortos

Madrid- Tres años de prisión por asociación ilícita; otros tres por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otros 303 años de cárcel por la presunta comisión de 101 delitos de aborto. En total, 309 años de reclusión es la pena que solicita el fiscal para el médico abortista Carlos Morín. Más de tres siglos. Sin embargo, la pena efectiva que podría llegar a cumplir como máximo sería muy inferior.

De hecho, en la hipótesis de que la Audiencia Provincial de Barcelona acogiese las tesis del Ministerio Público y condenase a Morín a las penas solicitadas, sólo estaría privado de libertad nueve años como máximo. Es decir, cumpliría apenas un 8,25 por ciento de la condena.

El motivo no es otro que lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal, donde se establece que, en todo caso, «el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguida las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo...». Toda vez que la pena instada por el Ministerio Público por cada uno de los delitos es de tres años de prisión, el máximo de cumplimiento efectivo sería nueve.

Igual ocurriría con su mujer, la enfermera María Luisa Durán, para quien la Fiscalía solicita 204 años de cárcel en total, aunque el cumplimiento efectivo tampoco podría superar los nueve años.

La considerada «mano derecha» de Morín, María Virtudes Sánchez, estaría privada de libertad, en aplicación de dicha regla penal, un máximo de seis años, aunque se le condenase a los 80 que reclama el fiscal en su escrito de acusación. El resto de imputados no llegaría nunca a superar los nueve años de cárcel.

El Ministerio Público sostiene en su escrito que Morín, a través de las clínicas que dirigía en Barcelona, configuró «de manera estable y permanente, una estructura dedicada a realizar, prácticamente de forma exclusiva y continuada, interrupciones voluntarias del embarazo sin sujeción a ningún requisito legal ni a ningún plazo temporal.

En sus clínicas no cabía objeción para practicar abortos a menores o a mujeres que se encontraban embarazadas de hasta 33 semanas de gestación, es decir, de más de ocho meses. En cuanto a las menores, el fiscal relata hasta 16 abortos practicados a chicas de 14 a 17 años.

«Elevado nivel de vida»
En relación con los abortos llevados a cabo en las clínicas de Morín, la juez que ha instruido la causa, Elisabet Castelló, destacaba en su auto por el que concluía la investigación que esa actividad le proporcionó «ingentes ingresos en metálico» que le permitieron mantener un «elevado nivel de vida».

El cabecilla, con antecedentes
Carlos Guillermo Morín Gamarra, médico especialista en cirugía, es el principal acusado en la trama de abortos ilegales. Bajo sus órdenes y su estricta supervisión, junto a su mujer y a la mano derecha de ambos, María Virtudes Sánchez, se especializó en las interrupciones de embarazo en las últimas semanas de gestación y en aquellas «de alto riesgo», tal y como él mismo anunciaba en su web. Esto convirtió sus tres clínicas en centro del «turismo abortista» de Europa. Antes de esta investigación policial, Morín ya había pasado por la cárcel. Ocurrió en 1989, cuando tuvo que ingresar en prisión condenado por varios delitos de aborto ilegal perpetrados en una clínica de Alicante.