Los funcionarios cobrarán menos cuando estén de baja

MADRID- La Comisión Europea recibió ayer el Programa de Estabilización actualizado para el periodo 2012-2015 y el Plan Nacional de Reformas que España implementará para mejorar su situación económica. El Ejecutivo contempla en el primero redactar este año un plan contra el absentismo de los funcionarios, que incluiría que éstos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal, tal y como fija el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para «reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad».

- Eficiencia de los municipios
Las 2.700 corporaciones locales que han presentado planes de ajuste para acogerse al plan de proveedores ahorrarán más de 39.000 millones de euros hasta 2020. Ello será posible gracias a un aumento de los ingresos de casi 23.000 millones y a una reducción de los gastos de 16.300 millones.

- «Ladrillo» de la banca
El Gobierno diseñará las líneas para facilitar la «salida progresiva y ordenada» de los activos tóxicos ligados al ladrillo en los balances de las entidades financieras, en el marco de la profunda reforma del sector bancario. Se contempla la posibilidad de crear un «banco malo» privado que aglutine estos activos. [Más información en pág. 34].

- Patrimonio del Estado
Se pondrá en marcha en los próximos meses un plan para optimizar la gestión de los casi 55.000 inmuebles que posee el Estado. Su puesta en marcha permitirá ahorrar 100 millones de euros al año a partir de 2013.

- Coto a las prejubilaciones
El Programa de Estabilización contempla «posibles medidas a las prejubilaciones en 2013» que se materializarían elevando la edad mínima para poder acceder a la prejubilación. De esta forma, el Ejecutivo alargaría la edad laboral y daría más oportunidades a aquellas personas que deseen seguir trabajando a pesar de haber cumplido cierta edad que los convenios deja fuera del mercado de trabajo.

- Deuda pública
La deuda pública alcanzará el 82,3% del PIB el año que viene, 13 puntos más que en 2011. En 2014, la tendencia se revertirá, ya que para ese ejercicio el Gobierno prevé que se sitúe en el 81,5%. El Ejecutivo sigue estudiando posibles planes para que las CC AA cuenten con la opción de la financiación a través del mercado, como los discutidos hispabonos, sin que lastre el endeudamiento del Estado.

- Eliminación de duplicidades
Las comunidades autónomas han duplicado muchos organismos del Estado en los últimos años. Para eliminar la duplicidad de funciones y de gastos, el Gobierno prevé la supresión de muchos de ellos, lo que, según sus cálculos, le permitirá ahorrar unos 250 millones de euros al año a partir de 2013.

- Vivienda
El Gobierno contempla la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar así este mercado. [Más información en pág. 22].

- Televisiones públicas
Las comunidades autónomas (CC AA) «podrán decidir si prestan o no el servicio público de televisión en sus respectivos territorios». Además, las regiones podrán sacar a concurso las licencias audiovisuales. Ahorro estimado de 130 millones de euros.

- Becas
El Gobierno prevé elevar desde el 80% hasta el 90% el volumen de créditos aprobados de un curso para acceder a una beca general. En el caso de las becas-salario, el porcentaje superado debe elevarse hasta el 100%.

Cerco al fraude laboral
Control para cobrar el paro
El Gobierno no quiere que los que se vayan de España sigan cobrando el paro. Para evitarlo, y según consta en el Programa Nacional de Reformas, se plantea un doble sistema de control. Por una parte, revisará los registros de entrada y salida de los pasaportes de aquellos que perciban el subsidio. Además, obligará a los desempleados a presentarse en sus oficinas «en días y horas determinados» para controlar posibles casos de fraude en el cobro de prestaciones. Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan integral contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social. El documento elaborado por el Ejecutivo habla de esta medida como «controles intensivos» y asegura que su objetivo es «apreciar situaciones irregulares que se detectan cuando el beneficiario no comparece ante la entidad gestora». Además, el plan incluye sesiones informativas para formar a los parados en materia de derechos y obligaciones.