OPINIÓN: Estamos a tiempo

El Estado social y democrático de Derecho se define porque las normas se interpretan, las instituciones se configuran y las decisiones, sujetas a ley, se toman con la finalidad esencial de promocionar y defender los derechos fundamentales de la persona, que se constituye así en el centro y foco de la organización política, tal y como desde siempre ha venido sosteniendo el Tribunal Constitucional al promover una visión de las leyes como cauces de valores de libertad en condiciones de igualdad. Sin embargo, más bien parece que, desde hace ya no poco tiempo, la legislación sobre el sistema judicial y el proceso no puede entenderse más que en clave de dinámicas de poder, con un crecimiento desmesurado del Ejecutivo, central y autonómico, acompañado de una partitocracia reduccionista y empobrecedora. Así, la denominada policía judicial no pasa del mero nominalismo; se pretende dar la instrucción penal a este Ministerio Fiscal; se busca limitar la participación ciudadana en el proceso mediante la regulación de la acción popular; se han atribuido a instancias administrativas dependientes del Ministerio de Justicia importantes funciones jurisdiccionales; lejos de volver al primitivo modo de elección del CGPJ, se quiere multiplicar sus defectos, bien conocidos, con la creación de los consejos autonómicos; se atisba una reforma del proceso de selección de los jueces... Junto a estos problemas, los jueces afrontamos, en el plano socio-profesional, dificultades serias sin que el Ministro de Justicia –no nos recibe– tampoco quiera dialogar: medidas sobre reducción de la excesiva carga de trabajo, modelo retributivo, guardias, sustituciones, mutualidad judicial, jubilación y planes de pensiones, etc.
La Asociación Profesional de la Magistratura, con mayoría absoluta en las últimas elecciones, ha propugnado, con diálogo, res- ponsabilidad y respeto ins- titucional, sin oportunismo y casi siempre en solitario, que la organización judicial española, en la que se inserta con indudable relevancia constitucional el Poder Judicial, se apoye en los principios de separación de poderes e independencia, no como privilegios del juez, sino como instrumentos al servicio de los derechos constitucionales de toda persona. Estamos a tiempo, ahora que comienza el «Año Judicial», de rectificar la deriva y de regenerar el sistema.