Por imperativo legal

Rajoy insistió antes y durante la campaña en que la política contra el terrorismo se ceñiría a una fórmula simple, pero contundente: la aplicación de la Ley. El Estado de Derecho debe ser la respuesta a ese proyecto tutelado por ETA que ha logrado notables avances con la legalización de Bildu y Amaiur, favorecido por aquella decisión de seis magistrados del Tribunal Constitucional que se apropiaron de las competencias del Supremo para poner una alfombra roja a ETA hasta las instituciones vascas y el Congreso. La Ley obliga para lo bueno y para lo malo. Ha permitido que Amaiur logre siete diputados en la Cámara Baja y que, lamentablemente, el discurso de ETA resuene en la sede de la soberanía que pretende dinamitar. También los procedimientos institucionales forzaron ayer una escena que no se producía desde 1993, cuando Jon Idigoras, en nombre de Herri Batasuna, fue recibido en La Zarzuela. Otro portavoz proetarra, Mikel Errekondo, acudió al encuentro con el Rey en su ronda con todos los grupos presentes en el Congreso para designar al candidato a la presidencia del Gobierno. El gesto serio de Don Juan Carlos fue el debido cuando los deberes del cargo obligan a tener delante a una persona que aún ayer fue incapaz de condenar a ETA y sus asesinatos. Obviamente, de Amaiur no se puede esperar nada bueno para la democracia y la libertad, porque su proyecto totalitario es el de los terroristas. Que Errekondo pusiera en boca del Rey palabras de apoyo a la aspiración de Amaiur de contar con grupo parlamentario es una tropelía propia de quien está acostumbrado a burlarse de los usos institucionales y democráticos. En este caso, la Ley es también la respuesta a la intención de formar grupo. La Mesa del Congreso contó ayer con argumentos más que suficientes para rechazar la petición de Amaiur. La norma es clara. Para alcanzarlo hacen falta al menos cinco diputados, como tiene Amaiur, pero también se requiere lograr el 5% de votos a nivel nacional o el 15% en cada una de las circunscripciones en las que se ha concurrido. La coalición proetarra superó con creces el 15% de los votos en las tres provincias vascas, pero en Navarra se quedó en el 14,86%. Que no salve este escollo es una noticia más que positiva. Amaiur como grupo supone un riesgo elevado a la enésima potencia, pues, por ejemplo, accedería a la Comisión de Secretos Oficiales, además de contar con una importante financiación pública y otras ventajas añadidas para minar precisamente las instituciones de las que se beneficia. Que ETA ocupe escaños en el Parlamento es ya un grave quebranto para la libertad y la seguridad. El futuro obliga a mantener la guardia alta y a que todo el peso de la Ley caiga sobre los terroristas y sus acólitos hasta la derrota definitiva. Es una cuestión de justicia y un imperativo legal.