Treinta y tres muertos entre ellos un ciudadano turco por la represión en Siria

Los Comités de Coordinación Local informaron en un comunicado de que la ofensiva de las fuerzas de seguridad causó veinte muertos en la provincia septentrional de Idleb, siete en Hama (centro), cuatro en Homs (centro) y dos en Deraa (sur).

El ciudadano turco pereció debido a los disparos efectuados contra su vehículo por los cuerpos de seguridad en la localidad de Kafr Yahmul en Idleb, fronteriza con Turquía.

Mientras, en la ciudad de Idleb, las fuerzas leales a Al Asad abrieron fuego contra los asistentes a un funeral, lo que provocó la muerte de al menos dos personas, según los Comités, que señalaron que las operaciones también se extendieron a la población de Marrat al Masrin.

Esta provincia del norte de Siria es uno de los principales bastiones opositores y refugio de un gran número de militares desertores, que con frecuencia protagonizan choques con las tropas regulares.
Entretanto en Hama y Homs, también feudos de la oposición, las víctimas mortales se produjeron al disparar las fuerzas de seguridad contra los civiles.

El grupo opositor indicó que en el barrio de Dir Baalba de Homs las tropas han hecho uso de armamento pesado. En cuanto a Deraa, las fuerzas leales al régimen de Damasco abrieron fuego contra un funeral que se había convertido en una marcha para exigir la caída de Al Asad.

Además, la localidad de Al Jah de esta provincia meridional, está siendo bombardeada y sus comunicaciones están cortadas debido a que en ella se esconden miembros del Ejército Sirio Libre, que aglutina a los soldados desertores, según los Comités.

Estas informaciones no han podido ser verificadas de forma independiente por las restricciones que las autoridades han impuesto a los periodistas para trabajar dentro de Siria.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, informó hoy de que son más de 5.000 los muertos por la represión en Siria, entre ellos más de 300 menores, desde el inicio de la revuelta contra Al Asad el pasado marzo.

Pillay pidió al Consejo de Seguridad del organismo que refiera el asunto sin dilación a la Corte Penal Internacional.