Bruselas

La CE cree que el castigo de los mercados a España no se debe a su economía

La Comisión Europea (CE) consideró hoy que la situación que vive España en los mercados de deuda no se debe a problemas en su economía.

"La presión en los mercados que afecta a un número de estados miembros, no sólo a España, es compleja y se debe a fenómenos que no están sólo ligados a los fundamentos de estas economías", señaló el portavoz de Asuntos Económicos de la CE, Amadeu Altafaj.


Para el Ejecutivo comunitario, "lo que está pasando en otras economías tiene un efecto en España", que hoy pagó por colocar su deuda los intereses más altos desde 1997. "Está claro que el esfuerzo de consolidación debe mantenerse. Las autoridades españolas han estado haciéndolo", afirmó Altafaj, quien añadió que ya antes del verano las autoridades españolas adoptaron "acciones correctivas decisivas", tanto a nivel central como regional, después de haber registrado una desviación "significativa"en el primer semestre de este año. "Confiamos que este proceso de consolidación fiscal a ambos niveles continúe", agregó.


El portavoz recordó además que España cumplió su objetivo de déficit en 2010, "un elemento que contribuyó a reforzar la confianza en la capacidad de la economía española a hacer frente a los retos". Altafaj descartó asimismo que España vaya a tomar nuevas medidas de ajuste antes de las elecciones generales del próximo domingo y dijo que ya vivimos en una situación de riesgo de contagio desde el verano.


El Ejecutivo comunitario, que publicó la semana pasada sus previsiones económicas hasta 2013 para la zona del euro y la UE, aseguró que España rozará la recesión y no cumplirá sus objetivos de déficit. Bruselas pronosticó, en concreto, que la economía española se mantendrá estancada en el tercer trimestre del año y crecerá sólo un 0,1 % entre octubre y diciembre.
El balance negativo de las cuentas españolas llegará, según el cálculo comunitario, al 6,6 % del PIB este año, al 5,9 % en 2012 y al 5,3 % en 2013, frente al 6 %, 4,4 % y 3 %, respectivamente, que aún mantiene de manera oficial el Gobierno español.