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Monti supera un voto de confianza previo a la aprobación de liberalizaciones

El Gobierno italiano de Mario Monti superó hoy en la Cámara de los diputados una cuestión de confianza sobre su paquete de liberalizaciones, moción a la que recurrió para evitar mayores retrasos en el proceso legislativo y lograr pasar así al voto final mañana del texto del decreto.

El Ejecutivo obtuvo la confianza de los diputados con 449 votos a favor, 79 en contra y 29 abstenciones. El Gobierno de Monti decidió someter el voto del decreto a una cuestión de confianza para blindar el texto, como ya hizo durante su aprobación en el Senado, lo que es una estrategia muy utilizada por los Ejecutivos italianos para acelerar la aprobación de las leyes, ya que permite saltar el debate de enmiendas.

Dentro de este texto final, acordado por la mayoría de los grupos políticos figuran medidas a favor de los consumidores, como la eliminación de algunas cláusulas para la concesión de créditos, entre ellas, las comisiones bancarias.

Respecto a su primera redacción, durante los debates en las comisiones parlamentarias se produjeron importantes cambios, sobre todo respecto a las normativas que afectaban a las profesiones que más han protestado, como los farmacéuticos o los taxistas.

Estos últimos han conseguido que la concesión de sus licencias siga siendo cosa de los Ayuntamientos y no de la Autoridad para los Transportes. En este decreto, el primero aprobado por Monti para relanzar la economía tras su plan de ajuste de más de 30.000 millones de euros del pasado diciembre, se ha introducido además una enmienda sobre los seguros, que prevé indemnizaciones más rápidas en caso de robo.

El Gobierno italiano pretende que con este plan se ponga fin a dos de los tres lastres que han frenado el crecimiento económico de Italia en las últimas décadas: la "insuficiente competencia de mercado y lo inadecuado de las infraestructuras", según palabras del propio Monti el día de su presentación.

El decreto ley amplia el número de farmacias -una por cada 3.300 habitantes- y crea además la figura del Tribunal para las Empresas y la Sociedad Simplificada para la Responsabilidad Limitada (SSRL), que podrán constituir los jóvenes de menos de 35 años sin intervención del notario y a partir de un solo euro de capital.