OPINIÓN: Solidaridad ciudadana responsabilidad pública

Hace poco, Cáritas Española presentó su Memoria Confederal 2009, que hace balance de la labor del conjunto de las diversas Cáritas diocesanas de nuestro país. Los datos que en ella se registran, con incrementos del 25% en la demanda asistencial recibida, confirman de nuevo, por tercer año consecutivo, el deterioro de las condiciones de vida de un número creciente de personas y familias, así como el agravamiento de la situación de precariedad de amplios grupos sociales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Las conclusiones de la Memoria se corresponden con las mismas tendencias particulares percibidas por los equipos y servicios de Cáritas en Sevilla durante 2010. Éstas no sólo confirman el progresivo ensanchamiento del espacio social de la pobreza y la intensificación de sus condiciones durante el año recién terminado, sino que anticipan un empeoramiento de la situación para éste.
El incremento de la presión asistencial recibida por los equipos parroquiales de Cáritas se corresponde con el regreso a los servicios de acogida de muchas personas que ya había cubierto procesos de inserción y hoy sufren, de nuevo, la reproducción de las condiciones determinantes de su situación de exclusión. Y también, de manera si cabe aún más reveladora, con un cambio perceptible en el tipo de demandantes de ayuda. Éstos no sólo responden ya a los perfiles definidos de exclusión, sino, de forma cada vez más generalizada, a los de personas y familias visiblemente integradas –latentemente precarizadas– que se han visto súbitamente atrapadas en la espiral del paro de larga duración y de la desprotección social, en dinámicas especialmente virulentas cuando no se dispone de apoyo familiar suficiente y, sobre todo, cuando se le añaden los lastres de un gran endeudamiento familiar.
Redoblando y hasta multiplicando sus esfuerzos humanos y materiales, la Iglesia, a través de las Cáritas parroquiales, está tratando de dar respuesta a las necesidades urgentes de un número cada vez mayor de familias acuciadas por los efectos de la crisis, proporcionándoles soluciones puntuales pero a todas luces insuficientes frente a sus condiciones de fondo. En el inicio de un nuevo año, cabe alertar además de un más que previsible empeoramiento de la situación que, en el actual contexto de desempleo masivo y persistente, será tanto más grave en la medida en que los mecanismos de protección social empiecen a dar muestras más severas y generalizadas de insuficiencia, en que se consume la suspensión de las prórrogas en las ayudas de urgencia a las familias, en que se resienta la resistencia del salvavidas de las redes familiares y en que se reduzcan, como sucederá antes o después, las posibilidades de contención que sirven muchas organizaciones sociales.
Sin razón para la desesperanza, reafirmando como Iglesia nuestro compromiso de solidaridad con las víctimas de la crisis, en Cáritas nos sumamos a las llamadas a la generosidad y la solidaridad ciudadana que se multiplican estos días; y apelamos también a la responsabilidad pública. Pero ni la una ni la otra pueden quedar reducidas a discursos inocuos sin relevancia ética, social y política, sino traducirse ya, hoy, a partir de ahora mismo, en gestos y medidas de amparo a tantas familias tan duramente golpeadas por la situación.

Félix A. Quijada Balbuena es vicepresidente de Cáritas Diocesana de Sevilla (comunic@caritas-sevilla.org)